Culiacán, Sinaloa, 16 de julio de 2026.– Integrantes de COPARMEX Sinaloa y la Alianza Mexicana de Abogados manifestaron su profunda preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad, economía y gobernabilidad que enfrenta Sinaloa, al considerar que las cifras oficiales y el discurso gubernamental no corresponden con la realidad que viven diariamente las familias y el sector productivo.
La economista Cristina Ibarra ha documentado que entre el primer trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2026 se perdieron 59,714 empleos en Sinaloa, además de registrarse 4,704 patrones menos ante el IMSS. Como consecuencia de este deterioro económico, 84,000 personas han abandonado el estado, de acuerdo con información de la ENOE y el INEGI.
La propia especialista estima que Sinaloa tardará al menos una década en recuperarse de la crisis económica provocada por la violencia.
En el caso de Culiacán, COPARMEX informó que 934 empresas cerraron durante el último año, lo que confirma que la entidad aún no ha tocado fondo.
En materia de seguridad, se destacó que Sinaloa continúa ocupando los primeros lugares nacionales en homicidios dolosos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la semana del 29 de junio al 5 de julio de 2026 la entidad encabezó el país con 33 homicidios registrados en ese periodo. Asimismo, durante mayo se contabilizaron 112 homicidios dolosos y en junio 115, mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mantiene a Sinaloa entre los ocho estados que concentran más de la mitad de los homicidios del país.
Los organismos empresariales señalaron además que, desde el inicio de la crisis de violencia el 9 de septiembre de 2024, miles de familias han resultado afectadas por homicidios, robos de vehículos, desapariciones y el cierre de negocios, situación que continúa impactando severamente el desarrollo económico y social del estado.
Respecto a los hechos ocurridos este miércoles en Culiacán, COPARMEX y la Alianza Mexicana de Abogados señalaron que la violencia registrada durante la jornada demuestra que la normalidad aún está lejos de recuperarse. Los enfrentamientos armados registrados tanto en la ciudad como en la zona sur-poniente del municipio evidencian que los grupos criminales continúan operando con capacidad de movilización y enfrentamiento, pese a los operativos de seguridad.
Asimismo, manifestaron su preocupación por el escenario político que vive Sinaloa tras la licencia del gobernador Rubén Rocha Moya y la designación de una gobernadora interina, al considerar que los indicadores de violencia no muestran una mejora y que la ciudadanía continúa enfrentando un ambiente de incertidumbre.
En materia económica, COPARMEX Sinaloa también expresó que las recientes declaraciones del secretario de Economía, Diego Armando Aguerrebere Espitia, respecto a un supuesto repunte del consumo y de las inversiones, no reflejan la realidad que viven miles de empresas sinaloenses.
El organismo empresarial precisó que COPARMEX Sinaloa no ha sido convocada ni consultada por el titular de la dependencia, por lo que hizo un llamado para establecer un diálogo abierto con todos los organismos representativos del sector productivo y construir diagnósticos basados en evidencia y no en percepciones optimistas.
Por su parte, Ricardo Beltrán, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, expresó su preocupación por la reciente aprobación de la reforma a diversas leyes impulsada por el Congreso del Estado durante la presidencia de la Junta de Coordinación Política encabezada por Teresa Guerra Ochoa, la cual fue anunciada públicamente como una medida para exentar a las víctimas del robo de vehículos del pago de corralón, arrastre y multas.
Sin embargo, explicó que, en la realidad jurídica, dicho beneficio únicamente aplica cuando los vehículos son trasladados a corralones públicos, dejando fuera la mayoría de los casos, ya que en Sinaloa predominan los depósitos vehiculares privados.
“Los diputados aprobaron, anunciaron y celebraron una iniciativa que, en los hechos, no brindará el beneficio que se prometió a la ciudadanía”, señaló Beltrán.
Agregó que esta situación resulta especialmente preocupante considerando que, desde el 9 de septiembre de 2024, en Sinaloa se han registrado 11,982 robos de vehículos, por lo que miles de víctimas continuarán enfrentando los costos derivados del uso de corralones privados, pese a la expectativa generada por el anuncio legislativo.
Finalmente, COPARMEX Sinaloa y la Alianza Mexicana de Abogados reiteraron su llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para reconocer la gravedad de la situación que enfrenta el estado, construir soluciones con base en datos verificables y colocar en el centro de las decisiones a las familias, los trabajadores, los empresarios y las víctimas de la violencia.