Culiacán, Sinaloa.– El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó una serie de reformas legales que endurecen las sanciones contra quienes incumplen con el pago de pensiones alimenticias y, además, les impiden acceder a cargos públicos, candidaturas de elección popular y puestos dentro del Poder Judicial mientras permanezcan inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Entre los cambios aprobados destaca el aumento de las penas de prisión para los deudores alimentarios. A partir de estas modificaciones, quienes sin causa justificada incumplan con su obligación de proporcionar alimentos podrán enfrentar de dos a cinco años de cárcel y multas de hasta 360 días, cuando anteriormente las sanciones eran de tres meses a dos años de prisión.
Asimismo, las penas podrán incrementarse hasta en una mitad cuando el incumplimiento afecte a mujeres embarazadas con quienes exista una presunción de paternidad derivada de matrimonio, concubinato o una relación de hecho.
Las reformas también contemplan sanciones más severas para quienes oculten bienes o se declaren insolventes de manera deliberada con el propósito de evadir sus responsabilidades alimentarias.
En materia política, se estableció como requisito obligatorio presentar un certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para quienes busquen contender por una diputación local, así como para aspirantes a jueces de primera instancia, magistraturas y diversos cargos públicos.
Otra de las modificaciones relevantes es que las personas que pretendan contraer matrimonio deberán presentar dicho certificado, mientras que los notarios estarán obligados a solicitarlo en operaciones relacionadas con la compraventa de inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales.
Además, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado será la instancia responsable de concentrar, actualizar y remitir la información relacionada con los deudores alimentarios al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Con estas reformas, el Congreso de Sinaloa busca fortalecer los mecanismos legales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.