Nayarit.- La mañana de este lunes se presentó una denuncia penal en contra del ex presidente municipal de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, mejor conocido como «Layín», señalado por la venta del ex aeropuerto de ese municipio, cuyo pago por la suma de 12 millones de pesos nunca ingresó a las arcas de ese Ayuntamiento.
Así lo dieron a conocer el presidente del Congreso del Estado de Nayarit, Leopoldo Domínguez y el director de la Auditoría Superior del Estado (ASEN), Héctor Manuel Benítez, precisando que junto con «Layín», también fueron denunciados Armida Silvestre Juárez y Mario Vázquez Flores, en su respectivo carácter de presidente, síndico y secretario municipal durante la pasada administración de San Blas.
Ramírez Villanueva y sus funcionarios fueron acusados de los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones y lo que resulte producto de la investigación correspondientes.
Estos señalamientos derivan de la venta del predio correspondiente al ex aeropuerto de San Blas, bien que fue pagado al ayuntamiento -según consta en una escritura pública- por la cantidad de 12 millones de pesos, pese a que un avalúo previo había señalado que el valor de la propiedad alcanzaba los 32 millones.
La misma escritura hace constar que un cheque de la institución financiera Banamex, por 12 millones, fue pagadp por un particular, sin que haya registro de que esa cantidad haya ingresado a las arcas del Ayuntamiento, según fue posible determinar en la auditoría practicada a esa administración.
La denuncia por parte de la dirección jurídica dela Auditoría Superior se realizó este lunes pero se sabe que ya existía una denuncia previa de un grupo de cuatro regidores ante la Fiscalía, por el mismo delito, y ahora se integra esta nueva denuncia penal.
Sobre los hechos se sabe que desde 2015 comienzan los primeros trámites administrativos para la venta de este terreno, posteriormente se lleva a cabo el avalúo en 2016 (avalado entonces por el cabildo) y todo parece indicar que inmediatamente pasado el proceso electoral se lleva a cabo la compra-venta con un notario público de nombre Alonso González, firmando como testigos «Layín» y su síndico y tesorero.
Héctor Manuel Benítez, encargado de la ASEN, precisó que las motivaciones argumentadas ante el cabildo para aprobar el avalúo y venta del inmueble «tenían que ver con el pago de laudos, prestaciones laborales de trabajadores y las deudas atrasadas y anteriores del propio ayuntamiento».
La votación fue de 11 a favor y dos en contra y se omitieron algunos procedimientos de ley como la subasta y también el rigor del avalúo que había sido catastral y no comercial, emitido por una institución avalada por la ley y que fue realizado por un técnico.
No hay documentos que acrediten que ese dinero haya ingresado a las arcas municipales ni que haya sido utilizado para el pago. Hasta este momento se desconoce el destino de estos 12 millones, cheque girado por un particular, pues nunca ingresaron a las arcas municipales.