La fiscalía que lleva el caso de Emma Coronel pidió al juez Rudolph Contreras que aplique un castigo de cuatro años de prisión, más cinco años de libertad supervisada y una multa de millón y medio de dólares; la sentencia está programada para el próximo martes 30 de noviembre.
El 10 de junio de este año, Coronel se declaró culpable de los tres cargos en su dictamen: conspiración para distribuir e importar ilegalmente heroína, cocaína, mariguana y metanfetaminas a los Estados Unidos; conspiración para cometer lavado de dinero, y por involucrarse en transacciones y negocios con un narcotraficante designado, es decir, su esposo Joaquín El Chapo Guzmán.
Fue detenida el 22 de febrero de 2021, en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en Virginia, atendiendo una orden de de retención por dicho dictamen.
Arther G. Wyatt, jefe de la sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia, dijo que Coronel había participado en la conspiración de los cargos que se le acusan a partir de 2011 y hasta al menos el 19 de enero de 2017, controlado las propiedades comerciales y residenciales de su esposo Guzmán Lorea, y obteniendo ingresos por rentarlas. Le recordó que, además, ella había violado la Ley Kingpin de departamento del Tesoro.
Dijo además Wyatt que, desde el momento en que Coronel se casó con Guzmán en 2007 hasta la fecha de su arresto, el 22 de febrero de 2021, ella “se benefició a sabiendas de las ganancias de la actividad de tráfico de drogas de Guzmán de múltiples maneras”.
A través de esos mensajes entregados por Coronel, “Guzmán pudo mantener el control y el orden sobre su organización criminal” pese a estar en prisión”, culmina Nardozzi.
Con información de Milenio