Culiacán, Sinaloa, 23 de julio de 2026.- Mazatlán enfrenta una crisis de seguridad, servicios públicos, transparencia y estancamiento económico, derivada de años de malas decisiones y omisiones de los gobiernos municipales de Morena señaló la diputada Paola Gárate en su posicionamiento ante el pleno del Congreso del Estado de Sinaloa.
“Urge, dijo, a nuestro municipio emblema del turismo del estado, un plan especial de seguridad con la participación y coordinación de los tres órdenes de gobierno que apoye la creación y realización del programa de recuperación económica y turística, construido con empresarios, trabajadores y sociedad civil, que atienda los proyectos detenidos, la pérdida de conectividad y el estancamiento del empleo”.
“No es una diferencia de opiniones entre partidos, es una evaluación ciudadana que merece respuesta, documentos y rendición de cuentas. No pedimos favores: exigimos que el gobierno cumpla su obligación. Morena recibió un municipio con problemas y, después de años en el poder, entrega problemas más grandes, más caros y más dolorosos. Esa cadena de ineficacia debe terminar” puntualizó Paola Gárate.
Señaló que, apenas después del inicio del operativo de seguridad de verano 2026, el municipio registró al menos seis hechos violentos entre ataques armados y homicidios. Afirmó que no basta con dar el banderazo a un operativo, pues su eficacia debe medirse por su capacidad para evitar la violencia y permitir que las familias se sientan seguras.
Paola Gárate cuestionó también que el Ayuntamiento deba pagar más de 13.6 millones de pesos por la clausura del Estadio Teodoro Mariscal, ordenada durante la administración de Luis Guillermo Benítez Torres. “Los funcionarios se van, pero las deudas se quedan”, expresó al señalar que el costo recaerá en las y los mazatlecos.
La legisladora expuso además la crisis del basurón municipal. Recordó que la Profepa impuso una multa superior a 10.4 millones de pesos y ordenó su clausura definitiva por incumplimientos ambientales, mientras el Gobierno del Estado retiró los 100 millones de pesos previstos para un nuevo relleno sanitario debido a que el municipio carecía de proyecto y manifestación de impacto ambiental.
Subrayó que una suspensión judicial no elimina la contaminación ni protege por sí misma la salud de las comunidades cercanas. También retomó la evaluación del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, que documentó retrocesos en transparencia, participación ciudadana y compromisos anticorrupción.
La diputada sostuvo que este desorden ocurre mientras disminuye la conectividad carretera, se estanca el empleo y crecen la violencia y el miedo. Citó que la percepción de inseguridad pasó de 40 por ciento en septiembre de 2024 a 80.4 por ciento en diciembre de 2025, y que solamente 21.3 por ciento de la población consideró efectivo al gobierno municipal para resolver los problemas urbanos.
“Mazatlán tiene historia, talento y una sociedad que no se rinde. Lo que le falta es un gobierno a la altura de su gente”, concluyó.