Culiacán, Sinaloa.– Un total de 49 organizaciones empresariales y sociales de Sinaloa presentaron un pliego petitorio dirigido a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, en el que solicitan acciones inmediatas para atender la crisis económica y de seguridad que, aseguran, afecta al estado desde hace más de 20 meses.
El documento fue entregado el pasado viernes 8 de mayo y plantea la necesidad de una intervención coordinada entre los tres niveles de gobierno, especialmente con participación del Gobierno Federal, al considerar que la problemática ya superó el ámbito local y tiene repercusiones nacionales.
Las organizaciones señalaron que durante los últimos meses realizaron diversas solicitudes al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, sin obtener respuestas oportunas ante la gravedad de la situación.
Uno de los puntos que más preocupa al sector empresarial es el impacto financiero que enfrenta la entidad. Indicaron que el pasado 30 de abril de 2026, la calificadora S&P Global Ratings colocó la calificación crediticia de Sinaloa en revisión especial negativa, tras las acusaciones emitidas por autoridades estadounidenses contra Rocha Moya.
Advirtieron que una eventual degradación en la calificación crediticia podría dificultar el acceso del estado a financiamiento, elevar el costo del crédito público y ahuyentar inversiones en un momento crítico para la economía sinaloense.
Entre las principales propuestas presentadas destacan el blindaje de zonas económicas y carreteras, apoyos fiscales para micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de un fondo emergente para negocios afectados, así como el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia.
Además, solicitaron la instalación de una mesa permanente de diálogo entre autoridades, organismos empresariales y representantes de la sociedad civil para construir soluciones conjuntas que permitan recuperar la estabilidad y la confianza en la entidad.
Finalmente, las organizaciones reiteraron su disposición al diálogo y aseguraron que buscan contribuir a la reactivación económica, la preservación de empleos y la reconstrucción del tejido social en Sinaloa.