Culiacán, Sinaloa.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa denominada “Niñas, No Esposas”, con la que busca incorporar al Código Penal de Sinaloa el delito de cohabitación forzada y establecer sanciones contra quienes obliguen o promuevan que niñas y adolescentes vivan en unión con otra persona.
La propuesta legislativa fue impulsada por la diputada Roxana Rubio Valdez y el diputado Jorge Antonio González Flores, quienes estuvieron acompañados por la activista y defensora de los derechos de las mujeres indígenas, Eufrosina Cruz Mendoza. La intención es homologar la legislación estatal con lo establecido en el Código Penal Federal y reforzar la protección de la infancia.
De aprobarse, la reforma castigaría con penas de ocho a quince años de prisión, además de multas de mil a dos mil quinientos días, a quienes obliguen, induzcan, gestionen, soliciten, ofrezcan o faciliten la unión de una persona menor de edad o de alguien que no tenga capacidad para comprender el acto o resistirse. Asimismo, las sanciones aumentarían hasta en una mitad cuando la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, o cuando exista violencia física, psicológica o sexual.
Los promoventes señalaron que esta iniciativa forma parte de las acciones legislativas encaminadas a fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, privilegiando el interés superior de la niñez y cerrando espacios a prácticas que vulneran sus derechos.
Durante el evento, Roxana Rubio destacó la labor realizada por Eufrosina Cruz Mendoza en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas y reconoció que su trabajo ha contribuido a evidenciar una problemática que por años permaneció invisibilizada, además de impulsar cambios legales en distintas partes del país.
La legisladora explicó que, pese a que el matrimonio infantil está prohibido en México, continúan registrándose uniones informales que afectan el desarrollo de niñas y adolescentes, al alejarlas de la educación y exponerlas a distintos tipos de violencia. Añadió que en Sinaloa alrededor del 15 por ciento de los nacimientos corresponden a madres adolescentes y recordó que, según cifras del INEGI, 27 mil 800 adolescentes indígenas de entre 12 y 17 años se encontraban casadas o unidas en el país, mientras que la Organización de las Naciones Unidas ubica a México como el octavo país con mayor incidencia de matrimonio infantil.
Por su parte, Eufrosina Cruz Mendoza agradeció el apoyo del PAN para impulsar esta propuesta en el Congreso local y señaló que cada entidad que armoniza su legislación fortalece la protección de las niñas frente a una práctica que vulnera sus derechos y limita su futuro.
La activista indicó que el delito de cohabitación forzada ya se encuentra tipificado en 15 estados de la República e invitó a las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de Sinaloa a respaldar la iniciativa para que la entidad se sume a ese marco legal.
También sostuvo que las normas deben garantizar la protección de las menores por encima de cualquier práctica o tradición que intente justificar este tipo de uniones, al considerar que ninguna niña debe ser forzada a asumir el papel de esposa durante su infancia.
Con esta propuesta, la bancada del PAN reiteró su intención de promover reformas enfocadas en salvaguardar los derechos de niñas y adolescentes, buscando que crezcan en un entorno libre de violencia y con mayores oportunidades para su desarrollo.