La humillante detención del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa de México, es apenas el inicio de una serie de acusaciones e investigaciones que el Gobierno de Estados Unidos tiene en curso, a través de la DEA y de otras agencias federales. Todas las acusaciones se basan en declaraciones del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, quien proporcionó una lista de exfuncionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto que colaboraron y brindaron protección al Cártel de Sinaloa y a sus aliados durante el sexenio pasado.
De acuerdo con fuentes del Gobierno mexicano, que han tenido acceso a la información proporcionada por las autoridades estadunidenses sobre las investigaciones que dieron pie a la captura de Cienfuegos Zepeda, el exjefe militar no es el único que estaba en la mira de la DEA; otros militares de alto rango, tanto del Ejército como de la Secretaría de Marina en el sexenio peñista, también han sido involucrados por las declaraciones del “Chapo” Guzmán y a varios de ellos se les han abierto expedientes y también podrían ser detenidos si llegan a pisar territorio de Estados Unidos.
En esa lista, según las fuentes mexicanas, también están varios exintegrantes del gabinete del expresidente Peña que colaboraron en áreas de seguridad y en el manejo de la política interna, algunos muy cercanos al grupo mexiquense, que hoy ocupan posiciones legislativas en el Congreso mexicano, y otros que también son generales del Ejército y que estuvieron en el desaparecido Estado Mayor Presidencial en el anterior Gobierno.
“Apenas unos cuantos del gabinete peñista se salvarían de estas investigaciones que abarcan lo mismo a las Fuerzas Armadas, que a la seguridad, Gobernación, migración, aduanas y hasta compadres de Peña Nieto.
“Quizá solo dos exsecretarios peñistas podrían salvarse, Aurelio Nuño y Luis Videgaray, este último por su cercanía y sociedad con Jared Kushner”, comentó una de las fuentes.
Es decir, que con la información que le proporcionó a la DEA y a los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Joaquín “El Chapo” Guzmán habría ejecutado su venganza contra quienes en su momento recibieron dinero por protegerlo y luego lo traicionaron, primero con su detención el 22 de febrero de 2014, cuando fue llevado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya, de donde escaparía un año después, el 11 de julio de 2015, quizá también pagando a funcionarios del Gobierno peñista, para ser recapturado seis meses después en Los Mochis, Sinaloa, el 8 de enero de 2016.
Así que si la detención del exsecretario de la Defensa cimbró a las Fuerzas Armadas y sacudió a las estructuras del viejo sistema político, preparémonos para otras posibles detenciones de funcionarios del más alto nivel en el Gobierno de Peña Nieto.
Desde exsecretarios de Estado hasta otros militares de cuatro estrellas y almirantes, así como exdirectores de áreas estratégicas de seguridad, aduanas y migración.
Todos estarían en estos momentos en el radar del Gobierhno de EU, en buena parte por las actuales campañas presidenciales en curso, pero incluso más allá de ellas.
Es de tal tamaño y de tal peso la lista de nombres que tienen en la DEA, la mayoría de ellos mencionados por “El Chapo” Guzmán en sus declaraciones y testimonios para la justicia estadunidense, que incluso el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, no podría pisar en estos momentos suelo de Estados Unidos sin que pudieran detenerlo.
Es decir, Peña ya no podrá ir a Nueva York a los restaurantes que tanto le gustaba visitar con su novia Tania Ruiz.
Fuente: El Zócalo