Se trata de negocios de la industria inmobiliaria, gasolineras, productoras de fertilizantes y pesticidas, así como zapaterías y del ramo agrícola
Luego de casi ocho años, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó de su lista negra y desbloqueó las cuentas de 30 empresas, así como aquellas vinculadas con los hijos y esposa de Rafael Caro Quintero, el Narco de Narcos, quien está acusado de asesinar a un agente norteamericano y sigue prófugo.
Entre junio y octubre de 2013, las autoridades norteamericanas incluyeron a 18 personas y 30 entidades en la lista de Designaciones Especiales de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, con lo cual fueron congeladas sus cuentas en Estados Unidos. Pero este 23 de abril, esas sanciones fueron levantadas.
De acuerdo con el reporte, se trata de la familia y el primer matrimonio de Caro Quintero, entre quienes están su hijo mayor, el jinete jalisciense Héctor Rafael; así como los hermanos del ex participante de las Olimpiadas de Pekín 2008, Henoch, Mario Yibrán Caro y/o Gibrán Caro y Roxana Elizabeth; además de la madre de ellos, María Elizabeth.
Juan Carlos Soto Ruiz, señalado como administrador de nueve compañías designadas, también fue removido de la lista de la OFAC. Este sujeto, originario de Guadalajara, Jalisco, fue sancionado el 31 de octubre de 2013, dos meses después de que el Narco de Narcos quedara en libertad tras casi tres décadas encerrado en una prisión mexicana.
En tanto, María Elizabeth y sus hijos fueron incluidos en la llamada lista negra el 12 de junio del mismo año que Soto Ruiz, cuando el ex líder del Cártel de Guadalajara aún estaba tras las rejas.
La gran mayoría de los negocios están ubicados en Jalisco, donde el capo amasó una fortuna ilícita, según los reportes de agencias estadounidenses. Aunque otros se ubican en Guanajuato, Sinaloa y Veracruz.
Según los informes del Departamento del Tesoro, son empresas que se dedican a la actividad inmobiliaria, minoristas de gasolina o incursionan en el ramo agrícola, además de aquellas que producen y comercian fertilizante orgánico y pesticidas. Igual se incluyen zapaterías ubicadas en diversas plazas comerciales de Guadalajara.
Tanto Elenes Lerma y su hija fueron mencionadas como propietarias del spa Las Limas, ubicado a dos horas de Guadalajara, una hacienda con 15 habitaciones que se alquilaba a 4,500 pesos (USD 450 dólares, al tipo de cambio de 2013) la noche por persona.
Cada año, la OFAC elimina a cientos de personas y compañías de su lista, además de aquellas que incluye. Las revocaciones se basan en una solicitud de los afectados para determinar si se mantienen o quitan en la relación. Las peticiones se envían por escrito y cada caso conlleva un tiempo relativo de respuesta, debido a que la revisión es minuciosa. Aquellos que son incluidos en el listado son marcados para evitar hacer negocios con ellos en EEUU.
Esta norma, aprobada por el Congreso de EEUU en 1999 le otorga autoridad al gobierno estadounidense para aplicar sanciones a los narcotraficantes extranjeros importantes, así como a sus organizaciones con operaciones en todo el mundo.
La Ley Kingpin establece sanciones económicas en todo el mundo contra los principales narcotraficantes internacionales, sus organizaciones, miembros y entidades y empresas o personas extranjeras que prestan apoyo a esos traficantes.
Los criterios para incluir a alguien en la ley consisten en que la persona acusada deberá apoyar financiera o tecnológicamente a organizaciones criminales, además de desempeñar un papel importante en el tráfico de drogas.
Violar la Ley Kingpin significa la cancelación de la visa, el congelamiento de cuentas y propiedades en EEUU, asimismo como la prohibición a compañías estadounidenses de hacer acuerdo con los acusados.
Apenas el pasado 15 de abril, el Departamento de Justicia informó que la Corte del Distrito Este de Nueva York ordenó confiscar cinco propiedades al narcotraficante mexicano, pues, se señaló, fueron obtenidas con ganancias derivadas del narcotráfico. Los bienes inmuebles que se pidió confiscar se encuentran en la ciudad de Guadalajara y al rededor de la capital jalisciense.
El Narco de Narcos fue detenido en Costa Rica en abril de 1985, acusado del asesinato del ex agente de la DEA (Administración del Control de Drogas) Enrique Kiki Camarena y el del piloto mexicano Alfredo Zavala. Tras ser extraditado a México, fue juzgado y condenado.
Sus hijos fueron señalados como operadores de negocios que habrían prosperado por ganancias del narcotráfico, pero eso se ha descartado.
Pero un Tribunal Colegiado de Guadalajara justificó dejarlo fuera de la cárcel en agosto de 2013, cuando apenas cumplía 28 años de 40 que debía pagar. En el caso del capo no se alegaba su culpabilidad, sino qué tribunal debía juzgarlo, si uno del fuero federal o uno local; en su amparo fue favorecido porque debió ser procesado a nivel estatal.
Para el 16 de enero de 2015, el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito con sede en Guadalajara, Jalisco, ordenó la inmediata reaprehensión de Caro Quintero para cumplir las ejecutorias de los amparos 180/2011 y 101/2013, en los que se consideró penalmente responsable al capo por secuestrar y asesinar a Kiki Camarena.
Las autoridades judiciales dictaminaron que la ejecución del ex agente, como funcionario del gobierno de EEUU, representaba un delito del fuero federal, por lo que había sido procesado en el tribunal correcto. Pero ya desde entonces el Narco de Narcos se mantenía oculto en los dominios del Cártel de Sinaloa.
Caro Quintero encabeza la lista de los fugitivos más buscados de la DEA, también está entre los primeros 10 objetivos de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y tiene una ficha roja en la Policía Internacional (Interpol). Es el único personaje que figura en los tres portales. La recompensa por datos que lleven a su captura ronda los 20 millones de dólares.
Está acusado de cuatro cargos relacionados con el crimen organizado, conspiración para cometer delitos violentos, secuestro de un agente federal, así como el crimen de asesinato por este caso. Es requerido por la jurisdicción central de California, de acuerdo con la DEA que lo fija como objetivo prioritario. También tiene una imputación formal ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, la cual fue presentada en 2017 ante un gran jurado.
Al narcotraficante le faltarían por pagar 11 años y 7 meses de prisión en México. El mismo Alfonso Durazo, cuando era secretario de Seguridad con Andrés Manuel López Obrador, reconoció que el capo volvió a operar desde Sonora, donde resurgió el Cártel Caborca.
Con información de Infobae