Los resultados preliminares de una auditoría oficial que encontró inconsistencias graves y manipulación de las estadísticas delictivas en varios estados del país, con el fin de aparentar una reducción de algunos delitos, fueron clasificados como información reservada por los próximos tres años.
Esto pese a que inicialmente el gobierno federal había prometido que a finales de 2019 se daría a conocer un avance de los resultados de esta auditoría, denominada oficialmente Modelo de Revisión Estadística de Incidencia Delictiva Nacional (MORE), lo que no ocurrió.
No solo eso. La conclusión del MORE incluso está en riesgo debido a los recortes presupuestales anunciados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que no garantizan ya que haya dinero para que continúe.
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Todo lo anterior fue revelado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al responder vía transparencia una solicitud de información presentada por Animal Político.
El MORE fue anunciado oficialmente el 5 de agosto del año pasado, como un trabajo conjunto entre el Centro Nacional de Información SESNSOP y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). El objetivo era identificar las “prácticas incorrectas de registro y clasificación de los delitos” que llevan a cabo las 32 fiscalías del país, con las cuales se presenta mensualmente el balance de incidencia delictiva nacional.
En ese momento el titular del Centro Nacional, David Esparza, dijo que ya llevaban cinco meses de trabajo y contaban con un avance del 75% en la auditoría. Anunció que a finales de 2019 se tendrían los resultados preliminares de los 32 estados y se daría a conocer si se encontraban anomalías.
El 19 de diciembre Animal Político publicó que dicha revisión había terminado y que, en efecto, se habían encontrado irregularidades graves en algunos estados como, por ejemplo, una clasificación errónea y premeditada en delitos como las extorsiones o los feminicidios.
Pero los resultados que oficialmente se darían a conocer en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad de diciembre – como está previsto originalmente – no se revelaron. Dicha opacidad ha persistido en todo lo que va del presente año.
La opacidad y las “razones”
En el oficio de respuesta fechado el pasado 17 de junio, el SESNSP informó que los resultados preliminares de la aplicación del MORE han sido clasificados como información “reservada” por un periodo de tres años. Lo anterior, con el argumento de que se trata de información que puede “comprometer a la seguridad pública”.
“Al tratarse de información que se está recabando y la cual en la aplicación del modelo no ha concluido, puede comprometer la seguridad pública al entregarse información imprecisa e incompleta, lo que redundaría en perjuicio de los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública”, dice el oficio.
En el documento el SESNSP confirma que desde octubre del año pasado se concluyeron las visitas a las 32 entidades federativas y ya se cuenta con resultados preliminares. No obstante, se abunda que como estos no han sido presentados ante el consejo del Sistema Nacional de Seguridad, es decir ante los gobernadores y fiscales, no se pueden hacer públicos.
Autoridades del gabinete de seguridad con pleno conocimiento de este proceso revelaron a este medio que la razón por la cual dichos resultados preliminares no se han presentado es por la propia oposición de varios gobernadores que no quieren que se haga público el referido informe. Es decir, se trata de una razón política la que ha impedido que un análisis en temas de seguridad se transparente.
En cuanto a los resultados finales o consolidados de esta auditoría, el documento del SESNSP explica que se está realizando un análisis técnico en colaboración la UNODC para producir un informe que no solo certifique cada uno de los hallazgos encontrados, sino que además plantee mecanismos de solución que permitan que los registros delictivos sean más confiables.
¿Cuándo estaría listo este análisis? No existe una fecha porque, de hecho, la continuidad de dicha auditoría se encuentra en riesgo.
Peligra informe por recorte
En su oficio el SESNSP reconoció que actualmente desconoce si financieramente será posible concluir con el MORE, luego de que el gobierno federal anunciara recortes de hasta 75% en el gobierno como una medida de austeridad para enfrentar la actual crisis económica derivada de la pandemia sanitaria.
“Para el presente ejercicio fiscal 2020 se desconoce si se cuenta con recursos presupuestales suficientes para terminar con la implementación del MORE (…) debido a que no se podrá ejercer el 75% del presupuesto asignado”, indica el Secretariado.
El SESNSP es una de las áreas del gobierno que, pese a dedicarse a una labor sensible como la revisión de las instancias de seguridad, ha resentido con mayor fuerza el recorte de recursos.
Por ejemplo, en junio tuvo que abandonar las oficinas que ocupaba desde hace varios años en la colonia Anzures de la alcaldía Miguel Hidalgo, debido a que ya no había dinero para pagar la renta. Actualmente los recursos materiales y humanos con los que contaba se han tenido que dividir en dos para ocupar espacios disponibles de otras dependencias de gobierno en las alcaldías de Coyoacán y Álvaro Obregón.
Funcionarios del Secretariado comentaron a este medio que las carencias para trabajar se han agravado en los últimos meses, y que incluso no había dinero suficiente siquiera para adquirir insumos básicos como jabón para los baños.
La precariedad económica fue una de las razones por las cuales el titular del Centro Nacional de Información y responsable del MORE, David Esparza, presentó una renuncia en mayo pasado que no le fue aceptada.
Cifras delictivas poco confiables
Desde hace varios años diversos especialistas y organizaciones como el Observatorio Nacional Ciudadano han documentado irregularidades en los datos de incidencia delictiva que las fiscalías estatales (antes procuradurías) envían al SESNSP.
Dichas fallas van desde errores técnicos en la clasificación de delitos, como ocurre con homicidios por hecho de tránsito que no son documentados correctamente en Guanajuato, hasta intentos de retrasar los datos de homicidios dolosos como se llegó a registrar en Veracruz.
El actual gobierno de Ciudad de México reveló que en la administración anterior capitalina se clasificaron de forma premeditada carpetas de investigación por delitos que no correspondían, con la finalidad de disminuir la incidencia en ilícitos como el robo.
Estas anomalías fueron las que llevaron al SESNSP a realizar la mencionada auditoría para rediseñar el modelo de presentación de datos delictivos.
No obstante, existen instancias como las fiscalías de los estados que, con el apoyo de FGR, han promovido la creación de un nuevo sistema estadístico separado del que controla el SESNSP. Ello pese a que existe la obligación legal de proporcionarle al Secretariado los datos.
Este nuevo sistema estadístico fue anunciado a finales del año pasado a través de la firma de un convenio entre la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y el INEGI. No obstante, aunque se prometió que comenzaría a funcionar a principios de año, hasta ahora no se ha informado públicamente de algún avance en torno al mismo.
Fuente: Animal Político