Tijuana, Baja California.- José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, señalado como operador cercano a los hermanos René y Alfonso Arzate García, conocidos como “La Rana” y “El Aquiles”, líderes de una facción del Cártel de Sinaloa, fue detenido durante un operativo de fuerzas federales en Tijuana, Baja California.
De acuerdo con información difundida este miércoles 11 de noviembre por las autoridades federales, “Beto Leyva” presuntamente formaba parte del círculo cercano de los hermanos Arzate García, quienes mantienen operaciones delictivas en Sinaloa, Baja California y Durango.
Las investigaciones señalan que el detenido se encargaba de coordinar el tráfico de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California, además de estar relacionado con secuestros de migrantes, por quienes presuntamente exigían dinero a sus familiares en Estados Unidos a cambio de dejarlos en libertad.
Asimismo, las autoridades lo vinculan con negocios utilizados para lavar dinero de la organización criminal, así como con una red dedicada a conseguir armas de fuego y vehículos robados en territorio estadounidense.
Tras labores de inteligencia, las fuerzas federales lograron ubicar los lugares que frecuentaba el presunto operador criminal, por lo que solicitaron a un juez las órdenes de cateo correspondientes para intervenir varios inmuebles en Tijuana.
Durante el despliegue encabezado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, se logró la captura de José Alberto “N”.
Las autoridades señalaron que el detenido cuenta con antecedentes de arrestos en Estados Unidos, donde además tiene una orden de aprehensión vigente.
En el operativo también participaron la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de contar con el intercambio de información de inteligencia con Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos.
Finalmente, “Beto Leyva” fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que se encargará de determinar su situación jurídica por su presunta relación con delitos de delincuencia organizada.