Culiacán, Sinaloa.- El rezago en los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa se disparó en los últimos años, al pasar de alrededor de 6 mil 300 solicitudes pendientes en 2023 a más de 26 mil durante 2025, situación que la diputada Paola Gárate atribuyó a la falta de personal, capacitación y recursos para enfrentar la crisis de seguridad.
La legisladora señaló que mientras la violencia y los delitos de alto impacto han aumentado en la entidad, la capacidad institucional para investigar, procesar evidencias y llevar a los responsables ante los tribunales no ha crecido al mismo ritmo.
De acuerdo con las cifras expuestas por Gárate, en 2024 la Fiscalía acumulaba cerca de 19 mil solicitudes periciales pendientes y para 2025 la cifra superó las 26 mil, lo que representa un incremento superior al 300 por ciento respecto a 2023.
A la par del crecimiento del rezago, señaló, el número de peritos disminuyó de 228 en 2024 a 217 durante 2025.
“Detrás de cada dictamen que se retrasa puede haber una víctima esperando que su caso avance. Una carpeta inmóvil no es un número: detrás hay una persona y una familia esperando justicia”, expresó.
Gárate sostuvo que la procuración de justicia debe fortalecerse en áreas como servicios periciales, Policía de Investigación, ministerios públicos e inteligencia criminal, además de establecer metas públicas que permitan evaluar resultados.
Indicó que durante 2025 la institución reportó únicamente cinco personas adscritas a labores de inteligencia y análisis criminal, cantidad que consideró insuficiente frente a delitos como homicidios, secuestros y desapariciones, así como ante la operación de grupos criminales en Sinaloa.
La diputada aclaró que sus señalamientos no están dirigidos contra los trabajadores de la Fiscalía, sino hacia las condiciones y capacidades con las que cuenta la institución para investigar los delitos.
También cuestionó los recursos destinados a la procuración de justicia y señaló que en 2024 el gasto de la Fiscalía sinaloense fue de aproximadamente 282 pesos por habitante, mientras que en Sonora alcanzó 712 pesos; en Chihuahua, 821 pesos; y en Quintana Roo, 872 pesos.
“El propio Gobierno reconoce que existe una emergencia de seguridad, pero la institución encargada de investigar los delitos no está siendo fortalecida en la misma proporción”, manifestó.
Ante este panorama, Gárate planteó que el Congreso del Estado revise si el presupuesto destinado a la Fiscalía corresponde a las necesidades actuales de Sinaloa y recordó que la autonomía de la institución no la exime de la rendición de cuentas.
La legisladora sostuvo que cuando los homicidios, desapariciones, secuestros, robos y otros delitos no son investigados oportunamente, se genera un escenario que favorece la impunidad.
“Si no hay investigación, persecución y sanción, lo que queda es impunidad”, afirmó.
Finalmente, señaló que el rezago en la procuración de justicia también alcanza asuntos que corresponden al ámbito federal, por lo que pidió a la Fiscalía General de la República informar sobre casos de especial relevancia para Sinaloa que permanecen bajo su responsabilidad, entre ellos el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda.