Violentados los derechos de Juan Carlos Cristerna: CEDH


 

Culiacán.- Tras las pruebas realizadas a Juan Carlos Cristerna Fitch, detenido como presunto homicida de la maestra Perla Lizeth Vega Medina, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), comprobó que si fue torturado y que se le violaron varios de sus derechos, informó Juan José Ríos Estavillo.

El presidente de la CEDH, agregó que se identificó que el joven hoy preso, fue detenido de manera arbitraria, sometido a tortura, entre otros hechos violatorios a sus derechos, por lo que el organismo a su cargo, emitió este jueves la recomendación 37/2013, tanto para la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaria General de Gobierno y al Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado.

Detalló que se tienen identificados a un grupo de agentes de distintas áreas de la procuraduría, dos peritos médicos, un defensor de oficio y un ministerio público, entre otros servidores públicos.

Ríos Estavillo agregó que también se acreditaron violaciones a derechos humanos a los familiares de Perla Lizet Vega Medina, al demorar las autoridades las diligencias que lleven al esclarecimiento de los hechos.

Los derechos que se vulneraron a Juan Carlos Cristerna Fitch, fueron derechos a la: Legalidad; seguridad jurídica; libertad; defensa adecuada; Integridad;  seguridad personal; y a la protección de la salud.

Y los hechos violatorios a derechos humanos que acredito la CEDH son: La detención arbitraria; retención ilegal; incomunicación; tortura; obstaculización a las funciones de la CEDH; violación a la defensa adecuada; omisión de la autoridad de proporcionar información de las personas bajo su resguardo; irregular integración de la Averiguación Previa; violación a los derechos del inculpado; omisión de certificar lesiones; y prestación indebida del servicio público.

Por lo anterior el defensor de los derechos humanos, lanzó la exigencia para que se lleven a cabo las acciones necesarias para prevenir, investigar, sancionar administrativa y penalmente a los servidores públicos involucrados, y que se reparen las violaciones a los derechos humanos acreditadas, en los términos que establezca la ley.

 

Redacción /ExtraOficial