Culiacán, Sin.- Yesenia Armenta Graciano, implicada en el homicidio de Alfredo Cuén Ojeda, fue torturada por investigadores de la Policía Ministerial del Estado (PME), pero eso no implica que vaya a obtener su libertad.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Juan José Ríos Estavillo, manifestó que si con la tortura se obtuvo una confesión el juez tiene que anularla pero si el ministerio público logra identificar otro elemento de prueba en el proceso de investigación que es suficiente para determinar la presunta responsabilidad lo tendrá que señalar al juzgador.
Las reformas en materia de derechos humanos de 2008 en Sinaloa y 2011 a nivel federal establecen una modificación en el análisis y valoración que deben generar los jueces entre la vinculación de comisión de delitos y violaciones a derechos humanos.
Ríos Estavillo señaló que anteriormente al encontrar una violación a derechos humanos podría implicar la nulidad del proceso correspondiente pero con los cambios a las leyes esto ya no es así.
El presidente del organismo, reconoció que Yesenia Armenta Graciano, fue torturada y se confirmó de parte de peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que aplicaron el Protocolo de Estambul.
“Nosotros como comisión estatal concluimos nuestro trabajo al identificar que si habíamos identificado violaciones a derechos humanos y lo que sí obliga la constitución, lo que sí obliga a los jueces es valorar el alcance que se tiene en materia de tortura”.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, siguiendo criterios de naturaleza internacional, ha determinado que el único derecho humano absoluto que guardamos es precisamente la protección a los derechos de la persona, que no atenten a través de la tortura con su integridad o su voluntad”.
Ríos Estavillo puntualizó que a la CEDH solamente le corresponde pronunciarse respecto a violaciones a derechos humanos mientras que lo relacionado con el proceso penal es competencia de los juzgadores.
Geovanny Elizalde /ExtraOficial