Sinaloa en riesgo de perder recursos federales ya que no han implementado campañas de Donación y Registro de Armas de Fuego, entre otras


Culiacán Sinaloa.- A punto de concluir este 2019 y en Sinaloa que se tiene La mala costumbre de celebrar durante el fin de año con disparos al aire, además de que en los hechos registrados el pasado 17 de octubre quedó más que demostrado que en la entidad circula una gran cantidad de armamento, autoridades no han llevado a cabo las campañas de Donación y Registro Voluntario de Armas de Fuego, la cual es una campaña que el Gobierno Federal ha instruido se debe mantener de manera permanente, para lo cual se deben utilizar los recursos del FASP.

Hasta el momento se desconoce qué es lo que ha pasado con este recurso del FASP, pero se corre el riesgo que al no ser aplicados durante este año caiga en subejercicio y se pierdan estos recursos para el 2020.

Sinaloa no puede darse el lujo de perder estos recursos ya que además de utilizarse para la campaña de donación y registro voluntario de armas de fuego, que ayuda para evitar que se registren desgracias en los hogares como en años anteriores e incluso hace unas semanas una menor de edad en Villa Juárez resultó herida de bala, también son recursos que se utilizan para las evaluaciones de control y confianza, compra de equipo de videovigilancia, compra de armamento policial,  combustible, mantenimiento y reparación de equipo de videovigilancia, foros de prevención del delito, entre otros, por parte de las distintas dependencias de seguridad pública.

Aquí el listado de otros programas en los que se deben aplicar los recursos del FASP, el cual tiene aportación federal y estatal.

-Acceso a la justicia para las mujeres.
-Profesionalización de las instituciones de seguridad pública.
-Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza.
-Red nacional de radiocomunicación.
-Sistemas de video vigilancia.
-Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones.
-Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal.
-Fortalecimiento de las unidades estatales de supervisión a medida. -Fortalecimiento de las capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.
-Búsqueda de personas.
-Seguimiento y evaluación.