Ciudad de México.- Con 15 votos en favor, cinco sufragios en contra y dos abstenciones, las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado de la República, aprobaron, este 21 de febrero de 2021, el dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que dará mayor poder a las Fuerzas Armadas para detener el tráfico de droga que utiliza la aviación civil, entre otros delitos.
De acuerdo a información del Diario Zeta, el 28 de abril de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa de Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, con el objetivo de detener el tráfico de droga que utiliza la aviación civil, entre otros delitos.
En la fundamentación del proyecto, el mandatario nacional alertó respecto a los vacíos jurídicos o administrativos que permiten a la delincuencia organizada utilizar la infraestructura aeroportuaria y el espacio aéreo para realizar actos ilícitos, poniendo en riesgo la seguridad de la aviación civil.
La iniciativa prevé la creación del Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano, cuyo objetivo sería la coordinación entre las instituciones y entidades de la Administración Pública Federal (APF), para inhibir y contrarrestar las operaciones aéreas ilícitas que atenten contra la seguridad nacional.
Dicha institución estaría integrada por las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); de Gobernación (SEGOB), de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina (SEMAR), además de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).
Asimismo, la nueva institución estaría conformada por el Centro Nacional para la Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo; la Agencia Federal de Aviación Civil; Servicios a la Navegación Aéreas, la Guardia Nacional; y, el Centro Nacional de Inteligencia.
A su vez, el Consejo Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo operaría como instancia superior responsable de emitir las políticas de coordinación e intercambio de información entre las dependencias y entidades de la APF, para garantizar la protección del espacio aéreo mexicano, presidido por el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Ante tal problemática, el Estado mexicano se encuentra comprometido a vigilar, perseguir y erradicar las conductas ilícitas detectadas. La Fuerza Aérea Mexicana y la Comandancia del Sistema Integral de Vigilancia Aérea del Estado Mayor de la Defensa Nacional deberán actuar contra aquellos que transgredan la seguridad de la aviación civil.
Aunado a lo anterior, la iniciativa presidencial define el proceso de interceptación aérea, en caso de que se detecte un vuelo no autorizado o clandestino, hasta que abandone el espacio aéreo mexicano o aterrice en territorio nacional.
En la iniciativa también se describen las deficiencias en la vigilancia de autoridades civiles y militares en los vuelos realizados por particulares. Entre ellos se menciona la presentación de documentación apócrifa ante autoridades aeronáuticas para circular dentro del territorio nacional.
Así como permisos de internación, licencias de vuelo y certificados de aeronavegabilidad, operación de aeródromos sin permiso e inactivación de códigos transponder, que permiten la correcta vigilancia y control de los Servicios de Tránsito Aéreo.
Además, se registran desvíos de la ruta para abandonar el territorio nacional de manera ilegal y posteriormente emplear las aeronaves para el trasiego de carga ilícita, como droga y armas, de distintos países hacia México, poniendo en riesgo la seguridad de la aviación nacional e internacional.
Los partidos de oposición en San Lázaro aseguraron que dicho dictamen militariza el espacio aéreo, ya que con esta nueva legislación, se les otorga mayores facultades a las Fuerzas Armadas, cuando son tareas que deben realizar los civiles.
Con información de zetatijuana.com