Culiacán.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) emitió un comunicado donde reitera que no es de su “competencia” el investigar y sancionar conductas que realicen personas mayores de 12 años a menores de 18, esto en referencia al caso de la menor víctima de abuso recientemente en el Colegio Las Torres.
En fechas recientes varios sectores de la sociedad vertieron opiniones sobre las declaraciones que hiciera el titular de la PGJE, Marco Antonio Higuera Gómez, en las que decía que la dependencia a su cargo era incompetente para investigar el caso.
En el comunicado se lee lo siguiente:
Boletín informativo emitido en el marco de la legalidad y el respeto a los derechos humanos concerniente a las diversas opiniones vertidas sobre la incompetencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado para conocer el asunto de la menor víctima de abuso recientemente en un Colegio.
Culiacán, Sinaloa, 28 de noviembre de 2013.- La figura constitucional “competencia” demarca la aptitud para que la autoridad conozca o intervenga en el conocimiento y resolución de un tema, asunto o problema.
El marco competencial diseñado para la intervención y funcionamiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se encuentra sustentado desde la misma Constitución Política Federal, que, a partir de 2011 prevé un artículo primero que recepta y protege todos los derechos humanos que en general deben observar y respetar todas y cada una de las autoridades.
En lo que concierne a la investigación de delitos, el Código Penal para el Estado de Sinaloa prevé competencia para que la Procuraduría investigue conductas presuntamente delictivas cometidas por personas mayores de 18 años.
Tratándose menores de edad, de forma especial la Ley de Justicia para Adolescentes vigente en el Estado de Sinaloa define ese marco competencial para investigar y sancionar conductas que realicen personas mayores de 12 años a menores de 18, y en este contexto especial, la Procuraduría General de Justicia interviene a través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Adolescentes.
Desde el marco jurídico precisado, es de concluirse que las personas que tengan una edad menor a los doce años, no son responsables por infringir la ley penal al cometer una conducta prevista como delito en las leyes del Estado, quienes solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.Es incuestionable que el no poder imputar responsabilidad penal a las personas de ese rango de edad que realicen una conducta prevista como delito en las leyes penales del Estado, la resultante jurídica es que está vedado al Ministerio Público instaurar la averiguación previa respectiva, y, por ende, en el léxico jurídico se denomina como incompetencia.
De conformidad con el marco legal ampliamente descrito, y, por constituir la “competencia” uno de los derechos fundamentales salvaguardados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso que nos ocupa, de acuerdo a lo previsto en la misma Ley Orgánica del Ministerio Público de nuestra entidad, y lo dispuesto en la Ley General de Víctimas del Delito vigente a partir del nueve de enero de dos mil trece, esta Institución de Procuración de Justicia intervino proporcionando las atenciones y asesorías a la víctima directa de la agresión y sus padres, y determinó todas y cada una de las medidas relativas a la protección de los derechos humanos de la mencionada, atendiendo a las condiciones y calidades específicas de ésta, fungiendo a plenitud, como asesor o abogado victimal, porque esa también es una atribución de las instituciones de procuración de justicia para este tipo de casos.
Las diversas instituciones, autoridades, y asociaciones civiles no pueden desconocer el marco constitucional, como tampoco apartarse de la realidad global que impacta día a día a las instituciones jurídicas y menos cuando se tiene el sincero objetivo de alejar cualquier confusión social sobre la aplicación e interpretación responsable e informada del derecho.
Es responsabilidad de todos contribuir a la socialización y respeto de los derechos humanos del gobernado, bajo un ejercicio serio y sobre todo informado ante los medios de difusión como ante los entes de autoridad.
Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa
Lic. Marco Antonio Higuera Gómez
Redacción /ExtraOficial