Zacatecas.- Plenamente convencidos que el desarrollo y la democracia de un país corresponden, en buena medida, al conocimiento y respeto de los derechos humanos que se reflejan cada vez más en la vida cotidiana, se realizó la Declaración del XL Congreso Nacional Ordinario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), que preside Juan José Ríos Estavillo, abordando temas como violencia de género, bullying, discriminación, migración, servicios de salud, tortura, desaparición forzada de personas, entre otros.
La ciudad de Zacatecas fue la sede de este Congreso, donde las Comisiones, Procuradurías y Defensorías de Derechos Humanos, integrantes de la FMOPDH, fortalecieron el compromiso de acción para lograr que en la sociedad mexicana se construya una auténtica cultura, promoción y respeto a los derechos humanos.
Durante el encuentro, las y los Ombudsman mexicanos plasmaron acciones para realizar una verdadera transformación en materia de derechos fundamentales, respetando la cultura de la legalidad, recordando la salvaguarda de los derechos humanos y el cumplimiento de los deberes, plasmando en la Declaración de Zacatecas lo siguiente:
Ratificar la importancia de la igualdad de género para un desarrollo y bienestar más equitativo en los ámbitos de la vida social, política, económica, cultural y familiar, por lo que es fundamental que las mujeres y la sociedad en general conozcan y exijan el cumplimiento de sus derechos y que las autoridades los integren en su quehacer gubernamental.
La aplicación de las políticas públicas por parte de las autoridades responsables, ya que en nuestro país, las mujeres siguen sufriendo diversas formas de violencia y discriminación, que no pueden ni deben admitirse.
Garantizar un entorno de igualdad y una vida libre de violencia; el maltrato emocional, la intimidación, la violación, la trata de mujeres, los feminicidios, el infanticidio femenino, son algunas de las tantas prácticas que no sólo lastiman la dignidad de las mujeres, sino a la sociedad en general.
Atender de forma prioritaria la violencia de género que se vive en México, promoviendo una cultura de la legalidad en la que todos por igual entendamos que tenemos derechos qué defender y deberes qué cumplir.
Difundir en los hogares los nuevos paradigmas que hacen compatible la vida familiar y laboral para alcanzar una justa participación de mujeres y hombres en la crianza y en la educación de los hijos.
Los integrantes de la Federación remarcaron como un aspecto importante por destacar el derecho a la salud de las mujeres, toda vez que se les niegan los servicios médicos, sufriendo discriminación y malos tratos por parte de los servidores públicos encargados de brindarlos, en este tenor plasmaron en la Declaración de Zacatecas lo siguiente:
El derecho a la salud y a la no discriminación son fundamentales, por lo que se hizo un llamado a las instituciones públicas para superar el descuido y la exclusión hacia las mujeres indígenas o de escasos recursos.
Se debe procurar que los hospitales de las poblaciones rurales pobres y con población indígena cuenten con la infraestructura suficiente y que su personal médico tenga los conocimientos y pericia necesarios para dar una atención calificada.
Con relación a las personas migrantes, se consideró necesario que se actúe con la debida diligencia en la investigación y procesamiento de quienes cometen delitos en su contra, pero sobre todo, en las medidas de prevención para proteger a los migrantes que transitan por nuestro país y se garantice su seguridad e integridad personales, con independencia de su situación migratoria.
Se manifestó la urgente necesidad de instrumentar programas más efectivos que pongan fin a la vulnerabilidad que sufre quien decide migrar, ya que se debe demandar atención inminente y prioritaria por parte de todos los órganos del Estado y por la sociedad civil.
Se planteó la necesidad de sumar esfuerzos y trabajar de manera conjunta para impulsar la cultura de respeto y protección a los derechos humanos de los migrantes.
Respecto al tema de la prevención y detección de la tortura se debe capacitar al personal de los organismos que integramos la Federación en el conocimiento y aplicación del Protocolo de Estambul, de manera que todos se encuentren calificados en la investigación para diagnosticar y detectar los elementos de tortura y con ello establecer objetivos para impulsar acciones y medidas que favorezcan la protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas, ya que la aplicación de dicho Protocolo es una guía muy importante para la investigación y documentación eficaz de la tortura.
Durante la Declaración de Zacatecas, los integrantes de la Federación también hicieron un llamado a las autoridades del Estado mexicano a legislar en materia de violencia escolar, teniendo presente las diversas manifestaciones en que se presenta, así como trabajar en la prevención, favorecer la cultura de la denuncia, la atención a las víctimas y sus familiares. De esta forma se podrán fortalecer políticas públicas que involucren a los estudiantes, personal docente, padres y madres de familia y tutores con la finalidad de abatir y eliminar este fenómeno.
Los Ombudsman del país se comprometieron en redoblar esfuerzos en estrategias para evitar la violencia en las escuelas, impulsando aún más las actividades de promoción y divulgación para corregir conductas violatorias a la dignidad humana y consolidar el imperio de la ley.
En cuanto al tema de la Desaparición Forzada de Personas hicieron hincapié que es un delito que afecta de forma grave a las víctimas, sus familiares, amigos y a la sociedad en conjunto, por ello, consideraron que todas las autoridades de procuración de justicia del Estado mexicano deben reconocer y afrontar de manera adecuada la investigación de este delito a fin de lograr el acceso a la justicia, la verdad, la sanción, reparación y, en su caso, la aparición de las personas o sus restos.
Recibimos con beneplácito las resoluciones a las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la inclusión, en algunas legislaciones penales, de la figura del arraigo. La determinación judicial aceptó que dicha medida vulnera la libertad personal, la presunción de inocencia, prohibición de detenciones arbitrarias, el debido proceso y que invadía las facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia de delitos cometidos bajo la modalidad de delincuencia organizada.
La reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011 estableció el mandato de fortalecer a los organismos públicos de derechos humanos del país garantizando la elección de sus titulares a través de un procedimiento de consulta que favorezca la participación plural de la sociedad interesada en la promoción y protección de los derechos fundamentales, así como su autonomía e independencia. Por este medio, hacemos un exhorto a los órganos legislativos de las entidades del país que aún no realizan las modificaciones constitucionales y legales correspondientes para dar plena eficacia a la obligación constitucional.
Vemos con preocupación que a pesar de las trascendentales reformas en la materia que buscan afianzar a los organismos públicos de derechos humanos como órganos de Estado, en algunos casos se ha visto afectado su operatividad, generando así un perjuicio a la garantía constitucional de la sociedad para hacer efectivos sus derechos fundamentales y al principio de progresividad en la protección de los mismos.
Los Ombudsman del país consideraron que quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos no se pueden limitar, exclusivamente, a la vigilancia del desempeño de la autoridad; también se debe ayudar a la generación de una conciencia pública de respeto a los derechos de las personas, por lo que la educación es el único camino seguro para alcanzar este objetivo.
En este tenor se hizo un llamado a la sociedad en general para obtener una cultura de prevención, pues es uno de los antídotos más eficaces para evitar la violación a los derechos humanos; por ello, es muy importante la promoción, difusión y divulgación de los mismos, ya que para garantizar que los derechos se observen, se deben conocer previamente.
Redacción /ExtraOficial