Deberán cumplir respectivamente condenas por 50 años en delito de feminicidio registrado en 2017, y 33 años 2 meses y 12 días por homicidio de ciudadana cubana cometido en 2008.
Culiacán Sinaloa.- La Fiscalía General del Estado logró ratificar las sentencias condenatorias obtenidas en respectivos casos de feminicidio cometido en 2017 en El Fuerte y el homicidio cometido en contra de una ciudadana cubana, en el municipio de Mazatlán, en 2008.
En junio de 2017, este organismo constitucional autónomo inició carpeta de investigación por el delito de feminicidio cometido en contra de Berthila Aidé “A”, ocurrido en las inmediaciones del Poblado Los Ayones, municipio de El Fuerte, Sinaloa, hechos por los que se acreditó la presunta responsabilidad de Martín “A”.
Con base en una orden de aprehensión obtenida en la causa penal 909/2018, la Unidad del Ministerio Público de lo Penal Especializada en Homicidio Doloso, logró vincular a proceso al imputado, con medida cautelar de prisión preventiva.
En celebración de juicio oral por el delito de feminicidio, en noviembre de 2019 esta Fiscalía de Sinaloa obtuvo la determinación de sentencia condenatoria, con una pena de 50 años de prisión, pago de reparación del daño por $562,400.00 a razón de indemnización por muerte, y $12,000.00 por daño material acreditado, resultado llevado por la defensa en recurso de apelación ante el tribunal de alzada.
El día 27 de agosto del año 2020 se emitió resolución confirmando la sentencia en alzada, misma que fue notificada el pasado 1 de septiembre.
El segundo caso defendido por el Ministerio Público fue por el homicidio intencional por asfixia cometido en contra de Margarita “N”, ciudadana cubana privada de la vida el 26 de agosto de 2008, en el municipio de Mazatlán.
Por estos hechos, el 5 de febrero de 2011 se cumplimentó una orden de aprehensión, dentro del expediente 307/2008, MAZ-2º, en contra de Waldo Orlando “G”, a quien se le dictó auto de formal prisión en el sistema penal tradicional.
La sentencia condenatoria se obtuvo el 6 de octubre de 2017, imponiéndole pena privativa de libertad de 30 años, 4 meses y 24 días de prisión, además de reparación del daño por la cantidad de $39,105.00 pesos.
En seguimiento a recurso de apelación, en agosto de 2018 la autoridad jurisdiccional ordenó reponer el procedimiento para careos, dando como resultado la ratificación de la misma condena.
El Ministerio Público tramitó un nuevo recurso de apelación con fecha del 9 de septiembre de 2019, logrando obtener la modificación de sentencia condenatoria de 33 años, 2 meses y 12 días de prisión y reparación del daño por $36,135.00 pesos, determinación emitida el pasado 27 de agosto de 2020.