C. Jesús Enrique Hernández Chávez
Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado
C. Mario López Valdez
Gobernador Constitucional de Sinaloa
C. Marco Antonio Higuera Gómez
Procurador General de Justicia del Estado
Las modificaciones realizadas por el H. Congreso del Estado de Sinaloa hace unos días en relación a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y posteriormente publicadas por el Ejecutivo en el Periódico Oficial limitan la labor informativa y de cobertura de los hechos relacionados con temas de seguridad pública y, por ende, de procuración de justicia. Tal proceder sienta un precedente peligroso para el ejercicio libre del periodismo en Sinaloa y en todo el país.
La Casa de los Derechos de Periodistas manifiesta públicamente su extrañamiento por la actuación de la LXI Legislatura de Sinaloa, quien aprobó dichas modificaciones argumentando desconocer los alcances de las mismas; al gobernador Mario López Valdez, quien la promovió y publicó (en tiempo récord), en detrimento de la libertad de expresión; se extiende al procurador Marco Antonio Higuera, quien es el ejecutante de dichas limitantes y copartícipe.
Hechos:
El pasado 30 de julio de 2014, el Congreso de Sinaloa aprobó y el Ejecutivo del Estado publicó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde se incluyó un artículo, el 51 Bis, el cual contempla las siguientes limitantes a los periodistas y a todos aquellos que requieran de información referente a las indagatorias que realiza la Fiscalía Estatal:
«Los medios de comunicación tendrán acceso a la información de las investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia».
«En ningún caso se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las personas involucradas en un evento delictivo, ni al manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia».
«Ningún funcionario de la Procuraduría General de Justicia podrá dar informes respecto de algún asunto a los medios de comunicación sin autorización expresa del Procurador General de Justicia o de la unidad de acceso».
«Sólo la víctima u ofendido a través de su asesor jurídico y el imputado a través de su defensor son las únicas personas que podrán tener acceso a los registros de la investigación inicial; siempre que no se afecte el desarrollo de la misma».
Por principio de cuentas, resultan bastante graves los argumentos que en descargo han hecho tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo por dicha modificación. “Errores de redacción” o la indiferencia de los Diputados ante la lectura del contenido de los dictámenes solo demuestran la incapacidad de las autoridades de reconocer las intenciones de llevar a cabo el contenido que la misma Ley contempla y el dolo con el que se actuó en consecuencia, manejando de manera programada los tiempos para su discusión, aprobación y publicación. Tanto así que, a pesar de la polémica, estas limitantes marcadas en el artículo 51 Bis están vigentes actualmente.
Aún más preocupante es que la decisión de ambos Poderes de dar marcha atrás se esté dando más por el señalamiento local, nacional e internacional de periodistas y organismos de derechos humanos ante las afectaciones al libre ejercicio del periodismo, que porque la autoridad esté convencida del daño que esto ocasiona no solo a reporteros y comunicadores, sino a la sociedad en general al estar limitado solamente a saber lo que la autoridad difunda.
Es por ello que hacemos llegar este extrañamiento a las autoridades de Sinaloa en busca de que cesen una serie de agravios que durante la actual administración se han estado dando en detrimento de la libertad de expresión y la integridad de muchos periodistas, circunstancias que no han encontrado justicia y que cada vez parecen ser aminorados por la autoridad en cuanto al nivel de importancia.
Celebramos la unión que han mantenido hasta el momento los medios de Sinaloa en cuanto a no doblegarse ante las imposiciones gubernamentales en un marco normativo nocivo para su actividad, así como las acciones ideadas para hacer valer el peso específico que en la sociedad deben de tener aquellos periodistas responsables con el mandato de informar a la ciudadanía de manera veraz y oportuna, sin ataduras ni mordazas que trastoquen su labor.
La Casa de los Derechos de Periodistas se mantendrá atenta de los compromisos que en su momento han hecho tanto el Gobernador Mario López Valdez como el Congreso del Estado de derogar dicho artículo 51 Bis. De no ser así, llevará a cabo los mecanismos correspondientes para que se reconozca al periodismo como una actividad del interés público, la cual está tutelada en al menos 14 derechos internacionales para su ejercicio pleno.
Por la Casa de los Derechos de Periodistas
Rogelio Hernández López Víctor Ruiz Arrazola
Coordinador de Protección
Ejecutivo de Protección
José Luis Pérez Aldana
Enlace de la CDP en Sinaloa