El dictamen de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) implica un claro retroceso en materia de derechos humanos y traiciona a las víctimas.
● Nunca se justificó la necesidad de crear una nueva ley cuando ya existe una Ley Orgánica de la FGR, que a la fecha no ha sido implementada.
● En el proceso de aprobación de esta nueva ley, miles de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y especialistas, coincidieron en la falta de transparencia en su elaboración y en la clara falta de consenso de diversas fuerzas políticas, incluidas instituciones gubernamentales.
Este lunes la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados discutirá la minuta de la Ley de la Fiscalía General de la República, la cual, de aprobarse, pasará al pleno para su votación.
Las organizaciones, comités de víctimas y personas que conforman el Colectivo Contra la Impunidemia hacemos un enérgico llamado a las y los integrantes de la Comisión de Justicia, de la Junta de Coordinación Política y a las y los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados a no aprobar este dictamen.
Tal y como se mencionó por personas expertas y víctimas en las mesas de Parlamento Abierto que tuvieron lugar la semana pasada, así como en los diversos análisis sobre el Dictamen aprobado por el Senado de la República, esta propuesta de ley no solo representa un claro retroceso en materia de Derechos Humanos, sino que es una evidente traición a las víctimas de este país y a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con la impunidad y brindar la justicia que merece el pueblo de México.
La Legislatura y el actual Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, no han presentado evidencia que sostenga la necesidad de elaborar una nueva ley. Además, la actual Ley Orgánica de la FGR no ha sido aplicada y ha sido violada en diversas ocasiones, incluida la falta de presentación del 2o informe anual de resultados del Fiscal ante el Senado, el cual debió presentarse a inicios de este año.
Durante la discusión de esta ley innecesaria, no solo han levantado la voz las miles de víctimas traicionadas en el país, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, sino incluso instituciones del Gobierno de México, como la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Unidad de Inteligencia Financiera, las cuales han advertido las graves fallas que representaría su aprobación.
La Cámara de Diputados tiene la oportunidad histórica de cumplir con las víctimas de este país. Las diputadas y diputados pueden frenar la aprobación de una ley innecesaria y pedir al Fiscal Gertz Manero que explique con detalle cuáles son las fallas de la actual ley, por qué se ha incumplido reiteradamente, por qué existe una necesidad de cambiarla y por qué busca alejarse de las víctimas y de las instituciones del gobierno que pueden apoyar a la FGR en su objetivo de procurar justicia en México.
Por parte de este Colectivo se han identificado algunos de los artículos en los que se observan graves riesgos de retroceso y los mismos han sido presentados a la Comisión de Justicia; sin embargo, existe una oposición clara a abrir el debate de la ley por parte del coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco.
Frente a los riesgos para la autonomía de la Fiscalía General de la República y la disminución de los derechos de las víctimas, la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad histórica de no llevar a cabo acciones regresivas que mantengan a este país en la impunidad. La Fiscalía no requiere una nueva ley, sino implementar la ley orgánica vigente. Necesitamos un fiscal que esté dispuesto a frenar las malas prácticas y la impunidad que impera en dicha institución.