La Fiscalía General de Tamaulipas solicitó a un juez del estado órdenes de aprehensión en contra de los 12 agentes sospechosos, a quienes se les acusa de homicidio calificado, abuso de autoridad, abuso de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad.
Doce policías del estado mexicano de Tamaulipas, entre estos una mujer, fueron detenidos por su posible participación en la masacre de 19 personas, cuyos cuerpos fueron hallados con heridas de balas y calcinados en dos camionetas abandonadas en una terracería del municipio Camargo, a 40 millas de la frontera con Texas.
También se informó que varios de los agentes andaban drogados al momento de los hechos.
Las investigaciones han encontrado indicios de que en la matanza pudieron haber participado «al menos 12 elementos de la policía estatal», así como grupos criminales que operan en la zona y se dedican al tráfico de migrantes, dijo este martes en rueda de prensa el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica.
A los agentes señalados se les acusa de homicidio calificado, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad. Por el primer cargo, podrían enfrentar entre 20 y 50 años de prisión por cada una de las víctimas; por el resto, serían siete años más de cárcel. El fiscal explicó que ya fueron arrestados y que en las próximas horas serán puestos a disposición de un juez.
Barrios ratificó que entre las víctimas «se encuentran personas de nacionalidad guatemalteca, en condición de migrantes, cuyos cuerpos siguen siendo analizados por el equipo de especialidades forenses».
El funcionario dijo que han recibido 29 muestras de familiares de los guatemaltecos fallecidos, que ya son cotejadas con los perfiles genéticos de los migrantes. Eso les ha permitido identificar a dos ciudadanos de ese país: uno al que llamaron Elfego R.M. , y otro al que identificaron como Marvin A.T. Entre las familias de Comitancillo los reconocen claramente: se trata de Elfego Roliberto Miranda y Marvin Alberto Tomás López.
Desde el mismo 24 de enero, cuando se hizo pública la noticia de la masacre, en Comitancillo daban por muertos a sus familiares, que habían tomado la ruta para llegar a Estados Unidos. Ese día habían comenzado a llorarlos y a velarlos con fotos y flores en espacios dentro de sus viviendas. Las familias no habían tenido noticias de sus hijos, esposos, tíos y cuñados desde el 21 de enero, cuando muchos llamaron o escribieron.
En el caso de Marvin, ese día escribió un mensaje de texto para avisar que estaba cerca del borde entre México y Estados Unidos y todo marchaba bien: «Cuando llegue a la frontera les escribo», anunció. Pero después de eso no respondió más. Supieron de él por una llamada anónima de alguien que se identificó como su amigo y les dijo: «Se murieron».
A Marvin incluso lo despidió desde el fin de semana su selección de fútbol, Juventud Comiteca. En su cuenta de Facebook, el vicepresidente de la tercera división de la plantilla, William Mathías, aseguró que todos se sentían «consternados por la vil masacre sufrida por nuestros compatriotas en México, pero en especial por nuestro jugador, Marvin Tomás».
En otra imagen se ve a su equipo posando frente al autobús en el que saldrían al próximo torneo: «Estamos tristes porque nos falta alguien», se lee.
La Cancillería de Guatemala dijo en un comunicado compartido con Univision Noticias que trabaja «de manera estrecha y coordinada con distintas instituciones mexicanas la investigación que permita esclarecer este hecho tan condenable». Pidió además que México «aplique todo el peso de la ley a los responsables de los sucesos tan lamentables que enlutan a familias guatemaltecas».
Entre los cuatro fallecidos, el fiscal mencionó además a dos mexicanos: Jesús M. y Daniel P., quien aseguró «se dedicaba al tráfico de migrantes».
Una hipótesis: alteraron la escena
La investigación sobre este suceso comenzó el 22 de enero. Ese día un vecino de Santa Anita, un pueblo en Camargo, notificó a las autoridades de una camioneta en llamas. En el lugar encontraron dos vehículos en los que, en total, había 19 cuerpos quemados, algunos dentro, otros fuera, tendidos en el suelo. Ese día, la fiscalía estatal comenzó una investigación por homicidio: determinaron que la muerte había sido provocada por proyectiles de arma de fuego, pero en el lugar no hallaron casquillos percutados. Los cuerpos habían sido movidos hasta el lugar en el que los hallaron. Allí, presumen, los quemaron.
Los hechos ocurrieron, explicó el fiscal, en una zona disputada por grupos criminales que usan la franja con frecuencia para el paso de migrantes hacia Estados Unidos. De hecho, el mismo día de la masacre fueron vistos más vehículos en los que presuntamente eran trasladados grupos de guatemaltecos y salvadoreños que querían pasar la frontera. «En uno de los vehículos se encontraban personas armadas que daban protección y seguridad al mencionado grupo», refirió Barrios.
Tras el avance de las primeras investigaciones, el fiscal insistió en que cobra fuerza la teoría de la «alteración de la escena del crimen debido a la ausencia de casquillos y municiones». Esto a pesar de que la camioneta pick-up en la que estaban los cuerpos, presentaba 113 impactos de bala. En ella consiguieron además dos fusiles AR-15 y otro semiautomático de calibre 7.62×39 mm.
Los investigadores concluyeron preliminarmente que un grupo de funcionarios de la policía estatal participó en la masacre por varias razones: una de ellas es que detectaron contradicciones entre el informe que entregaron el día de los hechos y las entrevistas individuales; otra es que, tras la autorización de jueces federales, se hicieron analisis de sus llamadas telefónicas, geolocalizaciones y de las imágenes de videovigilancia.
Tamaulipas, en la costa del Golfo de México, es la ruta más corta para llegar a Estados Unidos desde el sur, pero es peligrosa por la presencia de bandas que trafican, secuestran y extorsionan a migrantes. Y el municipio Camargo, donde fueron hallados los 19 cuerpos, es un área disputada por el cártel del Noreste, una célula de Los Zetas que controla parte de Nuevo León, y el del Golfo, que por décadas ha operado en Tamaulipas.
Fuente: Uno Tv