Culiacán, Sinaloa.– La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado rechazó haber recibido alguna notificación oficial sobre una suspensión que permita la reinstalación del exalcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y defendió la legalidad del proceso con el que se determinó la separación del cargo.
A nombre de sus compañeros, la presidenta de la Jucopo, María Teresa Guerra Ochoa, dio lectura al comunicado en el que reiteraron que la declaratoria de procedencia aprobada por el Congreso es inapelable, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La postura se da luego de que se difundiera que un juez federal en Zacatecas habría otorgado una resolución a favor del exalcalde; sin embargo, hasta este jueves no ha sido confirmada ante el Congreso local, por lo que, dijo, todo indica que se trata de una estrategia para generar confusión.
La resolución de la Primera Sala del máximo tribunal señala que el juicio de amparo no procede en estos casos debido a la facultad soberana de las legislaturas locales, que están libres de injerencias externas.
La diputada morenista precisó que se trata de una medida cautelar que no entra al fondo del asunto, ya que la audiencia está programada hasta el 8 de septiembre.
Además, destacó que el mismo juzgado ya había negado la suspensión provisional en una resolución del 16 de julio, argumentando que el promovente no aportó elementos de prueba suficientes.
Guerra Ochoa señaló que en otros estados también se han promovido recursos de amparo contra la declaratoria de procedencia, y todos ellos han sido declarados improcedentes.
La legisladora recalcó que la situación jurídica del exfuncionario es distinta hoy, pues ya se encuentra vinculado a proceso penal, lo cual impide legalmente que ejerza cualquier cargo de elección popular mientras dicho proceso no se resuelva.
Finalmente, Guerra Ochoa calificó el intento de utilizar una supuesta orden de aprehensión de otro estado como un acto de corrupción para intentar modificar la competencia y la procedencia del amparo, reiterando que la actuación del Congreso fue constitucional y apegada a derecho.
