Culiacán, Sinaloa, 28 de octubre de 2025.- El Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura a tres nuevas iniciativas en su Sesión Ordinaria de este martes, de las cuales dos fueron turnadas a una segunda lectura y la tercera se envió a la Comisión de Hacienda Pública y Administración para su análisis y dictaminación.
Las iniciativas leídas y turnadas son:
• Iniciativa de la diputada Erika Rubí Martínez Rodríguez, de Morena, que propone reformas y adiciones diversas a la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de Sinaloa, en materia de prevención y atención de la violencia familiar.
Tiene por objeto seguir reduciendo la incidencia delictiva relacionada con la violencia familiar, mediante el fortalecimiento de las instituciones con herramientas eficaces para enfrentar los desafíos actuales y contribuir a la construcción de un estado más seguro para todas y todos sus habitantes.
En este sentido, se promueve brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al agresor, para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina y los patrones machistas que generan violencia.
Asimismo, se adiciona como tipo de violencia lo siguiente:
“La agresión física puede darse en una variedad de manifestaciones que van desde el pellizco o jalón de cabellos, hasta ocasionar lesiones graves con pérdida de órganos, afectando las capacidades mentales o la pérdida de alguna parte del cuerpo de la víctima, sin importar si se produjeron con manos, pies u objetos tales como cinturones, utensilios domésticos o instrumentos cortantes, punzocortantes o punzocontundentes, armas o instrumentos para sujetar o cualquier otro objeto, así como inmovilizar o causar daño a la integridad física de otra persona mediante su sometimiento y control”.
También se considera violencia económica toda acción u omisión dolosa en el pago de los gastos generados por la familia para la manutención de las necesidades básicas de subsistencia, o bien cubrir solo parte de estas sin causa justificada, entre otras modificaciones.
• Iniciativa del Grupo Parlamentario del PAS y las ciudadanas Rosa Emma Contreras Vilapudua y Paula Liliana Díaz Quiñónez, que propone reformas y adiciones a la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, en materia de salud integral y bienestar estudiantil en la educación básica.
Tiene como objeto garantizar el acceso gratuito y permanente de las y los estudiantes de educación básica a programas integrales de salud, con el propósito de establecer, de manera coordinada, visitas médicas multidisciplinarias periódicas para brindar, de forma gratuita, servicios integrales en materia de atención médica general, visual, auditiva, mental, nutricional, bucal y dental, mejorando las condiciones de vida, salud y aprovechamiento escolar de niñas, niños y adolescentes sinaloenses.
Para ello, se propone institucionalizar la prestación gratuita de servicios de salud preventiva y correctiva a las y los educandos de educación básica, mediante la coordinación entre las autoridades educativas y de salud de los tres órdenes de gobierno.
Asimismo, se plantea la implementación de visitas médicas multidisciplinarias periódicas en todas las escuelas de educación básica del estado, las cuales se realizarán al menos una vez por ciclo escolar.
Estas visitas deberán ofrecer, de manera gratuita, servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento en las áreas de salud visual, auditiva, mental, nutricional, bucal y dental, incluyendo exámenes de graduación óptica, medicamentos y atención preventiva y correctiva en salud bucal, nutricional y psicológica.
También se propone implementar programas de salud escolar con enfoque preventivo, curativo, integral, permanente y de rehabilitación, mediante visitas médicas multidisciplinarias programadas en las escuelas de educación básica.
Dichos programas estarán orientados a proporcionar, de forma gratuita, atención médica general, visual, auditiva, mental, nutricional, bucal y dental.
• La iniciativa turnada a la Comisión de Hacienda Pública y Administración fue enviada por el Ejecutivo estatal y propone modificar el Decreto 60, mediante el cual se autorizó la contratación de un crédito por hasta 2 mil 300 millones de pesos para realizar diversas obras productivas con impacto social.