Fiscalías manipulan datos sobre delitos y fallan en su registro, revela auditoría

Una auditoría oficial realizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirma que los datos de incidencia delictiva que aportan las fiscalías del país adolecen de graves y múltiples fallas, desde subregistros por incompetencia del personal responsable, hasta ocultamiento y reclasificación deliberada de ilícitos como feminicidio o extorsión. Son irregularidades que, en los hechos, significan que las estadísticas de incidencia delictiva que se publican mensualmente no reflejan el tamaño real del fenómeno criminal que padece el país.

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La presentación de este informe, con sus resultados y recomendaciones, se daría esta semana pero fue pospuesta por lo menos hasta enero de 2020, luego de que no se alcanzó el consenso necesario para darlo a conocer en la XLV Sesión Ordinaria del Consenso Nacional de Seguridad Pública. De acuerdo con autoridades del gabinete de seguridad el problema es la resistencia de algunos gobernadores, pero sobretodo de los propios fiscales del país para transparentar dicha información, hasta en tanto ellos no analicen y revisen los resultados. Hace unos días los fiscales estatales, con el apoyo de la Fiscalía General de la República, dieron a conocer que a partir de 2020 manejarán su propia información de incidencia delictiva separada de la que maneja el SESNSP. Esto con el argumento de que son ellos los dueños de esa información, que hay que presentarla con mayor calidad y que ya gozan de autonomía. Incluso el fiscal estatal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, sugirió en su calidad de vocero de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) que se reforme la ley del Sistema Nacional de Seguridad para que se reconozca la autonomía de los fiscales, así como la posibilidad de desaparecer el Centro nacional de Información (CNI) del SESNSP. Ayer, en la sesión de Consejo Nacional de Seguridad realizada en Palacio Nacional, se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las fiscalías del país a que continúen aportando la información al CNI lo que, además, es una obligación legal. La evaluación La auditoría que realizó el gobierno federal con el apoyo de la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU recibió el nombre técnico de Modelo de Revisión Estadística de Incidencia Delictiva Nacional (MORE). Su objetivo, como se dio a conocer en su momento, fue “evaluar la veracidad, consistencia y transparencia de la información de la incidencia delictiva” que publica periódicamente el SESNSP, a partir de los datos que aportan las procuradurías, hoy fiscalías estatales. En los hechos se trató de una auditoría realizada por personal especializado en cada una de las 32 fiscalías del país, donde se tuvo acceso no solo a los registros estadísticos sino también a las carpetas de investigación. La idea era documentar y dimensionar las inconsistencias en estos registros que desde hace varios años se reportan en algunas entidades como Veracruz o Ciudad de México. Los trabajos comenzaron desde principios de 2019 financiados en buena medida por la ONU. En agosto pasado se dio a conocer que las revisiones llevaban un avance del 75%, y para finales de noviembre la evaluación estaba prácticamente terminada. Fuente: Animal político