Un total de 5,718 personas fueron llevadas ante un juez como presuntas responsables de cometer un delito en contra de una mujer del 1 de enero de 2017 al 31 de julio de 2019.
Culiacán, Sinaloa.- En atención al seguimiento y continuidad de informar a la sociedad sobre los avances en el tema del acceso de las mujeres a una vida sin violencia, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa da a conocer los siguientes datos:
Durante 2017, 2018 y hasta el 31 de julio de 2019, esta institución emitió 7,637 órdenes de protección a favor de víctimas de un delito, como parte del compromiso institucional de procurar justicia para las mujeres en Sinaloa.
Durante el mismo periodo, este organismo con autonomía constitucional ha logrado poner a disposición de un juez a 5,718 personas acusadas por algún delito en el que la víctima es una mujer, la mayoría relacionados con feminicidio, violación, abuso sexual, violencia familiar, lesiones dolosas, entre otros.
En seguimiento a los procesos llevados ante autoridades jurisdiccionales, la Fiscalía sinaloense obtuvo 499 sentencias condenatorias en causas penales concluidas en primera instancia en 2017, 2018 y hasta el 31 de julio de 2019.
Durante el periodo analizado fueron judicializados 61 casos de feminicidio, que estadísticamente representan el 58% con relación a la incidencia registrada durante en 2017, 2018 y hasta el 31 de julio de 2019, esto gracias al trabajo realizado por policías de investigación, unidades del Ministerio Público y peritos.
A partir del inicio de gestión como Fiscalía autónoma, todos y todas las personas que integramos la institución, ratificamos el compromiso de cumplir los lineamientos que en el ámbito competencial corresponden a la alerta de género emitida para el Estado de Sinaloa en 2017.
Es por ello que se creó la Unidad de Violencia Contra las Mujeres, la Familia y Grupos en Estado de Vulnerabilidad para fortalecer el trabajo que ya se venía haciendo en favor de la investigación de los delitos.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha mantenido y mantiene el compromiso de procurar justicia para las víctimas del delito en Sinaloa, dentro de un estricto apego al respeto de los derechos humanos, el debido proceso y todas las bases fundamentales del sistema de justicia penal acusatorio.