Los asesinatos de alcaldes por parte de los cárteles en México han llevado a números sin precedentes la tasa de mandatarios municipales muertos, pero las motivaciones van más allá de la política de “plata o plomo”, común en América Latina.
Según un informe reciente, 37 alcaldes, exalcaldes y candidatos a alcaldías fueron asesinados en 2018, la cifra más alta a la fecha. Los investigadores Helden de Paz Mancera y David Pérez Esparza, actual director del Centro Nacional de Información, hallaron que los homicidios se iniciaron en 2004 y se incrementaron en los quince años siguientes.
Entre julio de 2004 y marzo de 2018, de las muertes con causa identificable, la mitad se atribuyó al crimen organizado. Los exalcaldes tenían dos veces más probabilidades de ser asesinados que sus contrapartes en ejercicio. Así mismo, se observó mayor vulnerabilidad entre los alcaldes de municipios más pequeños, con una ocurrencia del 53 por ciento de los asesinatos en municipios de 20.000 habitantes o menos.
A comienzos de este año, un alcalde en Oaxaca fue asesinado menos de dos horas después de posesionarse. La creación de la nueva Guardia Nacional intentará zanjar el problema de los homicidios de alcaldes con la creación de una división centrada en la protección de funcionarios y edificios de gobierno.
Análisis de InSight Crime
Los móviles de los asesinatos son diversos y reflejan los cambios en el mundo del crimen organizado en México. Algunos funcionarios han sufrido atentados luego de intentar combatir las organizaciones criminales. La alcaldesa de Tiquicheo, en el estado de Michoacán, sobrevivió a dos intentos de asesinato luego de expresar públicamente su postura contra el crimen organizado. Hasta que en 2012, fue secuestrada a plena luz del día por miembros de un cartel, y su cuerpo fue hallado abandonado poco después en una comunidad rural.
La distribución geográfica de los asesinatos también es importante para entender la evolución de la dinámica criminal en México. Desde que el presidente Felipe Calderón declaró su guerra al narco en 2006, los grandes carteles comenzaron a fragmentarse bajo la presión. La “estrategia anticapos”, en la que se fijó como objetivo las cabezas de los carteles amplificó el fenómeno, con la creación de facciones cada vez que se capturaba o abatía a un líder.
Según el investigador Pérez Esparza, esto lleva “a más organizaciones muy violentas y más flexibles”. Estas nuevas organizaciones de menor tamaño no tienen los recursos para llevar a cabo el tipo de narcotráfico en grandes volúmenes que manejan las organizaciones criminales de mayor tamaño. Al mismo tiempo, estas empresas se han hecho menos rentables y los carteles más pequeños han demostrado ser expertos en el cambio de la demanda entre los consumidores.
La legalización de la marihuana en muchos estados de Estados Unidos y la creciente demanda del fentanilo han reducido la rentabilidad del tráfico de heroína y cannabis. Esto ha llevado a los grupos criminales a incrementar su participación en el robo de combustible, la extorsión y otras actividades criminales que solo requieren control de pequeñas extensiones de territorio, al contrario del narcotráfico que necesita rutas de control que se extienden por vastas porciones del país. Mancera y Pérez Esparza señalan este cambio en la estrategia de los carteles como responsable, en parte, del aumento en la tasa de homicidios de alcaldes.
Los alcaldes son fuentes de información que los carteles pueden explotar en provecho de sus actividades ilícitas. Los alcaldes conocen todas las fuentes de riqueza en un municipio, incluyendo proyectos de infraestructura, recursos naturales y empresarios adinerados para extorsionar. También tienen conocimiento de operativos próximos del Ejército y la policía federal y saben qué grupos criminales son dominantes en un área determinada.
Los alcaldes a nivel más local son especialmente vulnerables a ser asesinados por negarse a cooperar con los carteles, “en zonas rurales los alcaldes dependen de organismos de policía que no funcionan correctamente, y por ello son blancos con mayor frecuencia”, señala Pérez. Sus asesinatos también atraen menos atención que los de alcaldes de zonas más populosas. Por temor a la muerte, muchos optan por trabajar con los carteles, pero esto también los pone en riesgo.
Se han asesinado alcaldes por presuntamente trabajar con organizaciones rivales. En múltiples casos, se ha asociado a alcaldes de México con carteles; en un operativo digno de mencionar diez alcaldes fueron detenidos por la policía federal por entregar información y protección al cartel de La Familia Michoacana. Esto contribuye a la falta de atención que se da a los asesinatos de estos funcionarios.
Según Mancera, la sospecha pública sobre los alcaldes cuando son asesinados es alta, y algunos ciudadanos asumen que sus muertes son resultado de su implicación en el crimen organizado, lo que aminora el clamor público y las demandas de investigaciones rigurosas. Para los ciudadanos que ya padecen altos índices de violencia, hay poco incentivo en exigir protección para políticos que consideran corruptos.
El asesinato de alcaldes también es una forma en que los carteles muestran su poder o envían un mensaje. Varios alcaldes han sido abatidos a pocos días u horas de tomar posesión de su cargo, lo que demuestra la capacidad de los carteles de atentar contra políticos. El 2 de enero de 2016, tres sicarios de un cartel invadieron la residencia de Gisela Mota, quien pocas horas antes había rendido juramento como alcaldesa de Temixco y la balearon frente a su familia. Su asesinato tenía el propósito de enviar una señal a otros alcaldes del estado de Morelos, 13 de quienes ya habían recibido amenazas de Los Rojos, el grupo responsable del atentado.
Los candidatos a alcaldías y exalcaldes son atacados por razones similares y son incluso más vulnerables, porque no cuentan con la protección policial que disfrutan los alcaldes en ejercicio. Mancera y Pérez Esparza especulan que los exalcaldes son blanco de los carteles por un deseo de venganza. Si los alcaldes impidieron sus tentativas criminales, o se echaron para atrás en un arreglo que hubieran hecho, los carteles esperan hasta que dejan su cargo y así son más vulnerables a ser asesinados.
Fuente: InSight Crime