Una oleada ascendente de grupos de autodefensa y policías indígenas surgió en México desde hace seis meses. Comunidades de 22 municipios nahuas, purépechas, chatinos, zapotecas, mazahuas y otomíes tomaron las armas para realizar funciones de seguridad y en algunos casos de impartición de la justicia.
Hay casos, como el de Nopala, Oaxaca, donde su líder tiene un pasado como porro en la Universidad Autónoma Benito Juárez (UABJ), cercano al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Desde septiembre de 2012 etnias empobrecidas de Michoacán, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Quintana Roo, Sonora, Oaxaca, Morelos y Veracruz recurrieron a sus escopetas de caza, rifles viejos, machetes, palos, y en ocasiones armas de grueso calibre para hacer valer sus derechos.
Francisco López Bárcenas, abogado mixteco, autor de siete libros sobre rebeliones, autonomías y derechos indígenas, observa en entrevista con EL UNIVERSAL que se trata de “la expresión extrema por la defensa de sus territorios y comunidades, contra el crimen organizado, caciques locales y megaproyectos”.
El estudioso se dio a la tarea de hacer una radiografía nacional de este fenómeno complejo y en incremento.
Explica que estas expresiones se suman a las que irrumpieron en la Montaña de Guerrero (1995), Copala en Oaxaca (2007), Urío (2008), Ostula (2009) y Cherán (2011), en Michoacán, así como a otras más antiguas: las guardias tradicionales seri, yaqui y maya que desde el siglo XIX actúan armadas y legitimadas.
“¿Porqué entonces ahora hay tanto asombro?”, se pregunta el estudioso sobre la reacción en la esfera política y los medios de comunicación en torno a tales manifestaciones. Se responde: “Porque estas expresiones habían permanecido invisibilizadas por el Estado”.
Ayer, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong aclaró que en el gobierno federal “no estamos de acuerdo en el establecimiento de estos grupos (de autodefensa); no cancelamos el diálogo con ellos, pero eso no quiere decir que avalamos a estos grupos llamados de seguridad. Sí sabemos las causas y buscaremos dar respuestas a esas comunidades (…) deben desaparecer porque en nuestro país no existe esa figura”.
Ola creciente
El autor del libro Los movimientos indígenas de México: rostros y caminos divide en tres las razones de los brotes de tales guardias comunales armadas, mismas que pueden estar entreveradas entre sí: procesos de gobiernos autónomos, la defensa de su territorio y recursos naturales, y la violencia criminal.
“Estos grupos salieron a escena por el fracaso del Estado de brindar seguridad a los pueblos indígenas”, explica.
De idéntica forma ubica dos tipos de manifestaciones: las que de entrada buscan crear una policía comunitaria que forme parte de la estructura del sistema de cargos tradicional de los pueblos y las de los grupos de autodefensa, que serían una respuesta básica y espontánea de seguridad a una circunstancia coyuntural.
En el primer caso ubica al municipio nahua de Huamuxtitlán, Guerrero, que desde octubre de 2012 decidieron crear policías ciudadanas en contra de la delincuencia organizada.
Por igual hicieron los nahuas de Manantlán, Jalisco, que defienden su territorio de compañías mineras chinas y grupos de talamontes. En 2012 sufrieron la desaparición de dos activistas y en enero de 2013 decidieron conformar sus propias guardias civiles.
También está el poblado zapoteca de Álvaro Obregón, Oaxaca, en el que 300 campesinos y pescadores conformaron el pasado 10 de febrero su propio cuerpo de seguridad para impedir que se construya en la barra de Santa Teresa un parque eólico de la empresa Nareña Renovables.
En otros casos, piensa que si bien la realidad que los genera existe, “están inducidos por el gobierno para contrarrestar esos procesos”.
Aquí ubica a la dirigencia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de Ayutla, que en su opinión nació para que la experiencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Montaña de Guerrero no se extienda a la Costa Chica.
Otro es el caso del grupo chatino de autodefensa de Santos Reyes Nopala, Oaxaca, que justificó su creación para enfrentar los abusos del ejército y el narcotráfico, pero su líder es el edil, Fredy Gil Pineda, considerado por las autoridades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca uno de los “porros más aguerridos” de la institución, no sólo por las tomas y marchas que encabezó en su paso por este lugar, sino también por su carácter retador y su imposición por segunda ocasión al frente de la alcaldía localizada en la costa oaxaqueña.
Un caso más es el del llamado Comando Civil de Defensa de Tantoyuca y Platón Sánchez: Guardia civil Huasteca, el cual apareció en la zona norte de Veracruz en septiembre de 2012.
El Ejército Popular Revolucionario (EPR), en un comunicado fechado el 20 de septiembre del 2012, señala al grupo de Tantoyuca como paramilitar, creado por empresarios y caciques para justificar “la intensificación de la militarización” en la región. En otros casos el grupo guerrillero no se ha manifestado.
Campaña contra EZLN
Bárcenas considera que estas manifestaciones aparecen cronológicamente en dos momentos con significados distintos: antes y después de la reaparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 21 de diciembre de 2012.
Estima un momento previo a ese 21 de diciembre de 2012 en el que comunidades de Jalisco, Michoacán y Guerrero arrancaron procesos para crear sus policías comunitarias en contra de megaproyectos y el narcotráfico.
Tras el regreso a escena del EZLN, los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y el tema de los derechos y la autodeterminación indígena cobraron de nuevo vigencia y el fenómeno recibió impulso.
No obstante, a partir de febrero “ya veo la mano del gobierno”, expresa el autor de Rebeliones indígenas en la mixteca, la consolidación del Estado nacional y la lucha de los pueblos por su autonomía.
“El gobierno ha usado la aparición de esas policías para hacer una campaña en contra de los derechos indígenas”.
Movimientos históricos
El miembro de la Asociación Mexicana para las Naciones Unidas se traslada en el tiempo y expone que la evidencia de que los cuerpos de seguridad indígena autónomos tienen más de un siglo en México lo muestran las guardias tradicionales seris, yaquis y mayas.
Las tres etnias perdieron la guerra contra el ejército federal en el siglo XIX y desde entonces “han tenido procesos de confrontación frente al Estado por defender su integridad como pueblo y su defensa del territorio”.
La seri, por ejemplo, está “bien armada, con pistolas de alto poder”.
Detalla que en la década de los años 90 la Marina detuvo a algunos pescadores seris porque navegaban armados para impedir que barcos camaroneros depredaran su territorio.
No obstante en 1997 ambas partes lograron un acuerdo: “que la Marina ya no los iba a molestar por las armas”.
De esta manera los seris se convirtieron en “el único pueblo en el que el gobierno les donó tierras en zona marina”.
En 1997 destaca el nacimiento de la CRAC-PC, que en 17 años se ha consolidado en 73 comunidades mixtecas y tlapanecas de la Montaña de Guerrero, bajando los índices delictivos en 90%.
“En esta policía comunitaria se ejerce el derecho colectivo de los pueblos”, dice. Pero sus predecesoras surgidas en la última década acumulan saldos de sangre.
En el año 2007 Copala creó su gobierno autónomo triqui y guardias de autodefensa para enfrentar a paramilitares, lo que provocó 27 asesinatos y el desplazamiento de aproximadamente 600 personas, 200 de las cuales aún no pueden regresar a su pueblo.
Durante años han existido y un repentino resurgimiento obligó a los gobiernos a intentar pactar con esos grupos, como ocurre en Guerrero, aunque para las autoridades, como dice Osorio Chong, deben desaparecer.
Fuente El Universal / ExtraOficial