Bogotá.- El Cártel de Sinaloa ha perdido mucho terreno en México en los tres últimos años, en especial frente al Cártel de Jalisco Nueva Generación, pero en Colombia sigue siendo la organización mexicana del narcotráfico con la mayor red de contactos y de socios en las zonas cocaleras y en las ciudades donde se negocian los cargamentos de droga.
Según informes de la Policía Nacional y de la Fiscalía de Colombia, el cártel operado por Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero y los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, puede tener “muchas decenas” de emisarios diseminados en el suroccidente en el nororiente del país y en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Buenaventura y Tumaco.
Además, “financia a GAOS (grupos armados organizados) y a estructuras de disidentes de las FARC que se presentan con diferentes denominaciones” que se encargan de “organizar el abastecimiento (de droga) a embarcaciones que salen de la costa del Pacífico hacia Centroamérica”, señala un reporte de la Policía Nacional.
Estimaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos indican que en Colombia hay sembradas 188,000 hectáreas de hoja de coca que tienen un potencial de producción de 710 toneladas de cocaína al año –la más alta cifra para un país en el mundo–, aunque las autoridades colombianas incautan más de la mitad de esa cifra (435 toneladas en 2017).
Con la salida de las FARC del negocio de la coca, como parte de los acuerdos de paz que esa exguerrilla firmó con el gobierno colombiano, los cárteles mexicanos reforzaron sus vínculos con bandas criminales que coparon los espacios dejados por la antigua organización insurgente.
En ese reacomodo, el Cártel de Sinaloa, que es el que más larga relación tiene con las organizaciones criminales colombianas, reforzó sus relaciones con bandas emergentes a las cuales financió a través de sus enviados a terreno.
Ya en enero pasado la Defensoría del Pueblo de Colombia había emitido una alerta por el financiamiento del Cártel de Sinaloa a disidencias de las FARC que se hacen llamar “Grupo de los JJ” en el noroccidental municipio de Tierralta, donde la violencia que generan los grupos armados ilegales tiene aterrorizada a la comunidad.
La alerta, que fue evaluada a finales de enero en un consejo de seguridad convocado por el presidente Juan Manuel Santos, no sólo llamó la atención de las autoridades colombianas porque constata los fuertes nexos que ha desarrollado la organización del Mayo Zambada con los nuevos actores colombianos del negocio de la cocaína, sino porque revela el nivel de influencia que han alcanzado los cárteles mexicanos en zonas muy apartadas del país, en especial el de Sinaloa.
Incluso, el pasado miércoles 14, tras otra reunión de seguridad en la casa presencial, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo que la presencia de los cárteles mexicanos en Colombia representa una “amenaza a la seguridad nacional” de este país.
De acuerdo con Martínez, “está claramente identificado por la Fiscalía General de la Nación, y así se lo hemos venido advirtiendo al gobierno nacional, una presencia creciente de los cárteles mexicanos, y en este caso en particular del Cártel de Sinaloa”.
Según el fiscal general, esa organización criminal tiene una fuerte presencia en el suroccidental puerto de Tumaco, que es el municipio colombiano donde mayor cantidad de plantaciones de hoja de coca hay sembradas –unas 28,000 hectáreas, el 15 por ciento del total nacional– y donde más cocaína se produce.
Tumaco, que se ha convertido en el principal punto colombiano de salida de esa droga hacia Centroamérica, México y Estados Unidos, es el mayor centro de abasto del Cártel de Sinaloa, una organización delictiva que tiene en Colombia su “retaguardia estratégica” por las redes que ha desarrollado para asegurar los embarques de cocaína.
Según informes de la Policía Nacional y la Fiscalía de Colombia, el cártel de El Chapo Guzmán y su compadre, El Mayo Zambada, tiene en Tumaco “una gran estructura criminal a su servicio”.
De acuerdo con esos reportes, Walter Patricio Arízala, alias Guacho, un ecuatoriano que era miembro de las FARC y que no se acogió al acuerdo de paz que negoció esa exguerrilla con el gobierno colombiano, es un delincuente que responde a los intereses de ese cártel mexicano.
La semana pasada, agentes de la Policía y la Fiscalía capturaron en la occidental ciudad de Pereira al brazo derecho de Guacho, Jefferson Chávez Toro, alias Cachi, quien tiene información de primera mano sobre las operaciones del Cártel de Sinaloa en Colombia.
Esa organización mexicana no es la única que tiene enviados en Colombia.
También las diferentes facciones de Los Zetas y el cada vez más poderoso Cártel de Jalisco Nueva Generación tienen delegados en este país que se encargan de negociar los cargamentos y organizar los embarques con socios locales.
Este es un tema de creciente preocupación en Colombia y se está instalando como uno de los principales en la agenda bilateral con México.
Revista PROCESO