La diputada priista afirma que el procedimiento pretende terminar con la incertidumbre política y recuperar la gobernabilidad en Sinaloa
Culiacán, Sinaloa, 25 de agosto de 2026.- La diputada local del PRI, Paola Gárate, anunció la presentación formal de una denuncia de juicio político contra Rubén Rocha Moya, mediante la cual busca su destitución como gobernador constitucional de Sinaloa y la inhabilitación que corresponda, conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley de Responsabilidades.
La legisladora señaló que la medida tiene como propósito terminar con la incertidumbre sobre la titularidad del Poder Ejecutivo, recuperar la gobernabilidad y brindar certeza jurídica y política al estado.
“Sinaloa no puede seguir con una gubernatura que se abre y se cierra según la conveniencia de una persona”.
Gárate sostuvo que el Congreso del Estado debe asumir su responsabilidad como uno de los poderes públicos y no limitarse a procesar decisiones que prolonguen las dudas sobre quién conduce el Gobierno estatal.
“Esta acción tiene un propósito político e institucional muy concreto: impedir que Rubén Rocha vuelva a tomar el control del Gobierno de Sinaloa y devolverle certeza al estado”, afirmó.
Explicó que el juicio político es un procedimiento independiente de cualquier investigación penal y aseguró que la licencia de Rocha Moya no debe utilizarse como impedimento para que el Congreso revise las posibles responsabilidades políticas derivadas del ejercicio de su cargo.
Añadió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los gobernadores pueden ser sujetos de juicio político, incluso cuando se encuentran separados temporalmente del cargo.
“La licencia no puede convertirse en un mecanismo para mantener abierta indefinidamente la posibilidad de regresar al cargo y prolongar la incertidumbre política de Sinaloa”, señaló.
La diputada recordó que Rocha Moya permaneció separado de la gubernatura durante 112 días, retomó sus funciones el 21 de agosto y, apenas 34 horas después, solicitó nuevamente licencia por tiempo indefinido. La petición fue aprobada por el Congreso estatal el 23 de agosto, con lo que comenzó el procedimiento para definir quién estará al frente del Poder Ejecutivo.
“La gubernatura de Sinaloa no puede abrirse y cerrarse según la conveniencia de una persona, ni utilizarse para probar si todavía existen condiciones para sostener un proyecto político agotado”, manifestó.
Plantea una transición y no otra sustitución temporal
Gárate advirtió que la experiencia de los últimos meses demuestra que la designación de una persona interina no necesariamente representa una transición de gobierno.
Indicó que durante los 112 días anteriores Sinaloa contó con una gobernadora interina, pero las decisiones políticas permanecieron ligadas a la misma estructura gubernamental.
“Fue una pausa administrativa, no una transición. Repetir ese esquema solamente prolongaría la crisis. Sinaloa necesita cerrar esta etapa, no mantenerla artificialmente hasta el final del sexenio”, sostuvo.
Por ello, consideró que el juicio político y la designación de la persona que conduzca el Ejecutivo durante el resto del periodo deben formar parte de una misma solución institucional.
Agregó que quien asuma esta responsabilidad deberá contar con solvencia pública, capacidad de gobierno e independencia para atender la crisis de seguridad, proteger la economía, recuperar la confianza ciudadana y encabezar una transición institucional ordenada.
Advierte afectaciones por la crisis de seguridad
La legisladora priista señaló que la discusión sobre el futuro de la gubernatura no puede desvincularse de la situación que enfrentan las familias sinaloenses.
Mencionó que la violencia ha dejado víctimas, desplazamientos de familias, cierres de negocios, pérdida de empleos y una disminución de la inversión. Añadió que Culiacán registra una percepción de inseguridad del 90.8 por ciento y que, en julio de 2026, Sinaloa acumuló 21 mil 316 empleos formales menos que en el mismo mes de 2024, antes del comienzo de la actual crisis de seguridad.
“Ese deterioro exige estabilidad política y capacidad de decisión. Exige recuperar la confianza. Nada de eso puede construirse mediante otra designación tomada exclusivamente para garantizar la continuidad de un grupo político”, afirmó.
Gárate sostuvo que la definición de quién conducirá el Poder Ejecutivo no debe quedar únicamente en un acuerdo entre las fuerzas mayoritarias del Congreso.
Consideró necesario abrir el diálogo con empresarios, trabajadores, universidades, organizaciones sociales y colectivos de víctimas.
“No estamos hablando solamente de quién ocupa una silla. Estamos hablando de quién tendrá la responsabilidad de conducir a Sinaloa durante una de las etapas más difíciles de su historia reciente”, puntualizó.
Llama al Congreso a asumir su responsabilidad
La diputada cuestionó que el futuro inmediato del Ejecutivo estatal pueda definirse mediante acuerdos políticos cerrados y llamó a los grupos parlamentarios a asumir su responsabilidad ante más de tres millones de sinaloenses.
“Morena podrá tener los votos para imponer un nombre, pero eso no significa que tenga la legitimidad política para decidir por sí solo qué necesita Sinaloa”, expresó.
Gárate subrayó que el juicio político no responde a una disputa personal, sino al uso de una herramienta constitucional que permitirá al Congreso analizar la posible responsabilidad política del gobernador y, en su caso, determinar las consecuencias correspondientes.
Precisó que la denuncia deberá tramitarse conforme a derecho y respetando cada una de las etapas establecidas en el procedimiento.
Finalmente, afirmó que Sinaloa necesita superar la incertidumbre política y recuperar la confianza en sus instituciones.
“Sinaloa ya pagó demasiado por la incapacidad y la soberbia de un gobierno marcado por graves señalamientos. Merece una salida política seria que cierre una etapa profundamente dañina. Hoy este Congreso debe decidir si protege la continuidad de un grupo o abre una transición para proteger a Sinaloa”, concluyó.