Por repunte de feminicidios, diputada exige comparecer a titulares de SSPE, FGE y Semujeres en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa, 24 de marzo de 2026.– En Sinaloa, la violencia contra las mujeres registra un repunte alarmante. Durante los primeros tres meses del año, 20 mujeres han sido asesinadas, de las cuales 15 casos fueron tipificados como feminicidios, lo que representa un incremento del 240 por ciento en comparación con el mismo periodo de los dos años anteriores, informó la diputada Paola Gárate.

Desde tribuna del Congreso del Estado, la legisladora advirtió que la entidad enfrenta una de sus peores crisis en materia de violencia feminicida.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2026 Sinaloa concentró ocho de los 54 feminicidios registrados a nivel nacional, lo que equivale al 14.8 por ciento del total, colocándolo como el estado con mayor incidencia en ese periodo.

Gárate detalló que seis de estos casos ocurrieron en el municipio de Culiacán. Además, recordó que en 2025 Sinaloa ya había registrado la tasa más alta de feminicidios en el país, con 4.44 por cada 100 mil mujeres, superando incluso a entidades como Morelos y Chihuahua.

La legisladora señaló que el 79 por ciento de los 73 feminicidios contabilizados el año pasado fueron cometidos con arma de fuego, lo que refleja la relación entre la violencia de género y otros contextos de inseguridad, agravados por la impunidad.

Durante su intervención, cuestionó a la titular de la Secretaría de las Mujeres, Ana Chiquete, por la falta de indicadores públicos sobre la Alerta de Violencia de Género, a pesar de que estos fueron solicitados desde hace dos meses en una comparecencia ante el Congreso.

“Las mujeres que hoy son cifra, antes fueron denuncia. Y nadie las escuchó”, expresó.

Ante este panorama, la diputada exigió la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, la fiscal general del estado y la titular de la Secretaría de las Mujeres, para que informen sobre las acciones implementadas, las medidas de protección emitidas, los tiempos de respuesta institucional y el seguimiento a casos con denuncias previas.

Como propuesta, planteó la creación de una célula de atención inmediata para la prevención del feminicidio, integrada por policías de género, ministerio público, paramédicos, psicólogas, abogadas e institutos de la mujer, con el objetivo de brindar una respuesta coordinada en un máximo de 20 minutos.

Asimismo, demandó que el Estado garantice líneas de emergencia operativas las 24 horas, refugios seguros, atención psicológica, acompañamiento jurídico gratuito y seguimiento puntual a las víctimas.