Culiacán, Sinaloa.- En sesión del Congreso del Estado, la diputada Paola Gárate fijó posicionamiento en contra de la propuesta del Ejecutivo estatal para desaparecer la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), al advertir que la medida “no reordena nada: apaga la luz” y reduce de forma grave el derecho de las y los sinaloenses a saber, exigir cuentas y vigilar el uso del dinero público. Reiteró que la transparencia es un derecho humano y contrapeso esencial.
Desde tribuna, Gárate subrayó que el acceso a la información no es una idea abstracta, sino una herramienta cotidiana que permite a la ciudadanía verificar si un presupuesto realmente se aplicó en una escuela, dar seguimiento a programas de salud, becas o apoyos, y conocer si los recursos públicos se ejercen con legalidad o se van en excesos.
La legisladora alertó que la reforma abre la puerta a que el acceso a la información quede absorbido por procedimientos internos de los sujetos obligados, bajo su propia interpretación del marco normativo. *“Y lo más grave: sin una instancia externa e independiente que, con imparcialidad, determine la legalidad de lo actuado cuando una persona se inconforma”,* enfatizó.
Gárate cuestionó que el gobierno pretenda convertirse en “árbitro” cuando exista un diferendo entre ciudadanía y gobierno sobre la información entregada. *“Eso tiene un nombre muy simple: ser juez y parte”,* sostuvo, al señalar que un derecho sin garante independiente termina siendo una promesa vacía y un trámite diseñado para cansar al ciudadano.
En su intervención, la diputada rechazó que se invoque la austeridad para justificar una decisión que debilita derechos. *“La austeridad, cuando es real, se nota. Se practica. Se acredita”*, afirmó, y añadió que existen cuestionamientos públicos sobre viáticos y gastos que merecen escrutinio, por lo que la transparencia no puede sacrificarse por conveniencia política.
Asimismo, lamentó la falta de apertura para escuchar a especialistas y a la sociedad civil. Recordó que se prometieron mesas de trabajo y un parlamento abierto, pero que las propuestas presentadas no se reflejaron en el dictamen. *“Cuando un gobierno y una mayoría legislativa deciden no escuchar, el resultado es una reforma impuesta, sin consenso y sin respeto al diálogo democrático”*, puntualizó.
La diputada concluyó que lo que está en juego no es un ajuste administrativo, sino el lado en el que se coloca el *Congreso: “Hoy se vota si defendemos el derecho del pueblo a saber, a cuestionar, a exigir. Porque sin transparencia no hay democracia; hay simulación”.*
Finalmente, informó que desde el PRI se vota en contra de la desaparición del órgano garante, en contra de la opacidad en el manejo del presupuesto público y en contra de un modelo donde el gobierno pretende ser juez y parte. Hizo un llamado a que cualquier reforma se construya con diagnóstico, participación y seriedad institucional.
“La transparencia no estorba: protege. Y cuando se apaga la luz, lo único que crece es la sombra”, concluyó.