Presentan organismos propuesta de agenda poscrisis para enfrentar inseguridad en Sinaloa
Culiacán, Sinaloa.- A un año de que la violencia desatada en Sinaloa modificara la vida cotidiana de miles de familias, el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) plantearon la necesidad de diseñar una agenda poscrisis que permita orientar acciones hacia la reconstrucción social y el fortalecimiento institucional en materia de justicia y seguridad.
Durante la presentación del balance anual, Miguel Calderón Quevedo, titular del CESP, y Óscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH, coincidieron en que el primer paso es reconocer el impacto que la ola delictiva ha dejado desde septiembre de 2024, cuando se recrudeció la inseguridad en el estado.
Calderón subrayó que el reto no es solo enfrentar la emergencia, sino planear lo que vendrá después:
“Debemos pensar en las tareas posteriores a la crisis; cómo transformar el dolor y la indignación en una agenda que honre a las víctimas y al mismo tiempo fortalezca a nuestras instituciones de seguridad y justicia”, dijo.
Entre sus propuestas, resaltó la asignación de recursos en el presupuesto 2026 con una visión enfocada en reforzar a policías, fiscalías y peritos.
Cifras alarmantes de delitos
El informe presentado detalló que en los últimos 12 meses los delitos de mayor impacto tuvieron un repunte considerable:
• Homicidios dolosos: alcanzaron un pico en junio de 2025 con 207 denuncias.
• Privación ilegal de la libertad y desapariciones forzadas: julio de 2025 cerró con 233 denuncias, la cifra más alta desde que se mide el delito.
• Robo de vehículo: con un promedio mensual superior a 400 casos, mayo registró el máximo con 694.
• Robo a comercio: el punto más crítico fue febrero de 2025 con 283 denuncias.
Víctimas directas de la violencia
Loza Ochoa, por su parte, destacó el fuerte impacto social de la crisis, señalando que los grupos más vulnerables han sido los más afectados:
• 50 menores asesinados.
• 76 mujeres víctimas de homicidio.
• 64 agresiones documentadas contra periodistas.
• 1,907 desapariciones reconocidas oficialmente, aunque colectivos estiman más de 2,800.
El ombudsman añadió que esta etapa debe entenderse como un llamado a la acción conjunta:
“Volver a la normalidad exige la colaboración de todos: autoridades y sociedad civil. Necesitamos recuperar los espacios públicos, atender a las víctimas y abrir oportunidades educativas para los jóvenes”, afirmó.
Una agenda compartida
Tanto el CESP como la CEDH coinciden en que la construcción de la agenda poscrisis debe girar alrededor de tres ejes:
1. Mayor presupuesto para fortalecer instituciones de seguridad y justicia.
2. Atención integral a víctimas de la violencia.
3. Recuperación del tejido social, con acciones comunitarias y educativas.
Ambos organismos recalcaron que el futuro de Sinaloa depende de convertir la crisis en una oportunidad para transformar sus instituciones y recuperar la confianza de la ciudadanía.