Culiacán, Sinaloa, 19 de agosto de 2025.-La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa emitió un pronunciamiento en conjunto para defender la constitucionalidad del proceso que se llevó a cabo en el caso de destitución de Gerardo Vargas Landeros, exalcalde de Ahome, mediante una declaratoria de procedencia aprobada de manera unánime el pasado 1 de mayo.
En el documento firmado por las y los coordinadores de los grupos parlamentarios de esta 65 Legislatura, se reiteró que el Congreso no ha sido notificado formalmente de ninguna resolución que conceda suspensión definitiva en el caso de Ahome. Sin embargo, haciendo uso de información obtenida de la página del Consejo de la Judicatura Federal, se ha podido promover diversas acciones legales en defensa del actuar de este Poder Legislativo.
Estas acciones legales incluyen denuncias penales presentadas el 7 de agosto ante el Ministerio Público Federal con sede en Zacatecas, en contra del Juez Primero de Distrito de ese estado, el quejoso y los abogados involucrados. Además, se promovió una queja contra de ese juzgador, un recurso de revisión contra su resolución y otra queja por la misma circunstancia.
Las y los legisladores sinaloenses calificaron como ilegal e inconstitucional el actuar del Juez Primero de Distrito de Zacatecas, quien habría concedido suspensiones en un caso donde no procede el juicio de amparo.
En el comunicado, las y los diputados sostuvieron que estas declaratorias protegen un interés social superior al retirar el fuero de cualquier funcionario para someterlo a proceso, siendo decisiones que están libres de cualquier injerencia o poder ajeno debido a la facultad soberana de las legislaturas locales.
En el caso específico de Vargas Landeros, las y los diputados argumentan que la Ley de Amparo establece la improcedencia de cualquier juicio de garantías por tratarse de hechos consumados, ejecutados el 1 y 2 de mayo de 2025.
Las y los coordinadores parlamentarios calificaron las declaraciones hechas por ex alcalde de Ahome como parte de una estrategia jurídico-mediática, con el propósito de mantenerse presente en los medios de comunicación y generar manipulación en la opinión pública mediante información imprecisa.
Enfatizaron que no existe posibilidad alguna de que el Congreso sea obligado a restituir en el cargo al exalcalde, mientras no exista una resolución absolutoria en los procesos penales donde es imputado.
Este pronunciamiento leído ante la Diputación Permanente este martes, fue firmado por María Teresa Guerra Ochoa, coordinadora de Morena; Rodolfo Valenzuela Sánchez, del Partido Verde; Bernardino Antelo Esper, del PRI; Roxana Rubio Valdez, del PAN; Sergio Torres Félix, de Movimiento Ciudadano; Víctor Antonio Corrales Burgueño, del Partido Sinaloense; y Moncerrat López López, del Partido del Trabajo.