Ciudad de México, 8 de mayo de 2025.–
Durante la presentación del informe de seguridad correspondiente a los primeros siete meses del actual gobierno federal, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló que al menos 193 resoluciones judiciales han beneficiado a presuntos delincuentes, entre ellos miembros de los principales cárteles del país, incluido el de Sinaloa.
En su mensaje, García Harfuch detalló que, del 1 de octubre de 2024 al 6 de mayo de 2025, fueron detenidas más de 20 mil personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 154 toneladas de droga, más de 10 mil armas de fuego, y se desmantelaron 896 laboratorios clandestinos de metanfetamina en 19 estados, con afectaciones económicas millonarias para los grupos delictivos.
El funcionario destacó que estas acciones se han traducido en una reducción de la violencia en múltiples regiones del país. Sin embargo, advirtió que muchos de estos esfuerzos se ven socavados por resoluciones judiciales que permiten la liberación de criminales peligrosos.
Jueces bajo la lupa
El titular de la SSPC indicó que entre 2024 y lo que va de 2025 se han registrado 193 resoluciones judiciales que derivaron en:
• 164 egresos por cambio de medida cautelar.
• 2 egresos definitivos.
• 27 traslados de reos a penales de menor seguridad, sin cumplir con los requisitos legales.
García Harfuch señaló que estas determinaciones judiciales han permitido que más de 100 delincuentes regresen a las calles, pese a estar acusados de secuestro, homicidio, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y otros delitos graves.
Uno de los jueces señalados fue Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, quien autorizó el traslado del presunto líder del Cártel del Pacífico, Gerardo Ponce Alanís, al penal de Aguaruto, Sinaloa, donde días después se aseguraron armas, droga y dinero en un operativo.
Además, se le atribuyen decisiones como:
• La liberación en 2023 de Mario Alberto “N”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén.
• El auto de no vinculación a proceso en marzo de 2024 de Juan Enrique “N”, alias “La Pingua”, del Cártel del Golfo.
• La revocación de prisión preventiva de José Alfredo “N”, alias “El Contador”, y Eduardo Alejandro “N”.
Otros jueces con múltiples resoluciones de traslado y cambio de medida cautelar son Silvestre Peña Crespo, Enrique Hernández Miranda (58 resoluciones en Sonora) y Aníbal Castro Borbón (15 resoluciones en Sonora).
Casos polémicos
El secretario exhibió casos como:
• La liberación de José Alonso “N”, colaborador de Kevin alias “El 200”, de la facción “Los Chapitos”, el 27 de febrero.
• La absolución de Francisco Javier “N”, alias “M60”, de “La Familia Michoacana”, el 10 de abril.
• El auto de libertad para Nabor “N”, alias “El Camaleón”, en octubre de 2024.
• La sentencia absolutoria de Nicolás Armando “N”, del Cártel del Golfo, en abril pasado.
También denunció que las extradiciones de capos como Miguel Ángel “N” (Z-40) y Óscar “N” (Z-42) fueron pospuestas decenas de veces por diferentes jueces, a pesar de las solicitudes formales del gobierno estadounidense.
Resultados y Operaciones
Durante su informe, García Harfuch destacó operativos relevantes como la detención de Luis Marcos “N” en Baja California Sur, María del Rosario “N” en Jalisco, Armando “N” en Querétaro, y Jesús “N”, alias “Chuy”, en Culiacán, todos vinculados con cárteles del narcotráfico y generadores de violencia.
Además, informó que gracias a la Operación Frontera Norte, se han detenido más de 3 mil personas y asegurado más de 2,600 armas y más de un millón de pastillas de fentanilo. En esta estrategia destacan casos como el aseguramiento de casi 500 kilos de metanfetamina en Chihuahua y el decomiso de animales exóticos y drogas en Tijuana.
Compromiso del Gobierno
Finalmente, García Harfuch advirtió que el Gabinete de Seguridad, bajo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, continuará con detenciones y operaciones estratégicas en todo el país. Recalcó que es inaceptable que jueces obstaculicen la justicia y subrayó el compromiso de las fuerzas de seguridad con la protección de las familias mexicanas.