Culiacán, Sinaloa, 16 de octubre de 2025.- El Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura este jueves, en su sesión ordinaria, a cuatro nuevas iniciativas que proponen diversas reformas, adiciones y derogaciones a distintas leyes, mismas que fueron turnadas a una segunda lectura.
Las iniciativas leídas son las siguientes:
• Iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena, que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley que regula la prevención y el control de las adicciones en el Estado de Sinaloa.
Se propone verificar el cumplimiento de las observaciones emitidas en el marco del programa de regulación progresiva para los centros de tratamiento y rehabilitación que operen sin registro, así como constatar que los centros autorizados mantengan su operación conforme a la normatividad aplicable, promoviendo una cultura de cumplimiento continuo y mejora institucional mediante procesos claros y accesibles que favorezcan su permanencia en la formalidad.
Asimismo, se propone incorporar a la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso del Estado como integrante del Consejo Sinaloense contra las Adicciones, y celebrar convenios de coordinación con autoridades de seguridad pública, protección civil y municipios, para establecer protocolos preventivos y de respuesta ante amenazas o hechos de violencia que comprometan la seguridad de los centros, con el fin de salvaguardar a las personas usuarias y al personal.
De igual manera, se plantea que los establecimientos que atienden personas adultas y menores de edad deberán contar con protocolos diferenciados de atención, protocolos de seguridad y cumplimiento de estándares mínimos en materia de derechos humanos.
Se establece que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado integrará y mantendrá actualizado un padrón de ingreso y egreso de menores de edad de establecimientos, el cual deberá contener, por lo menos, la fecha de ingreso, egreso, tipo de tratamiento y nombre del establecimiento responsable.
Asimismo, la Secretaría de Salud promoverá que los centros destinados a mujeres cuenten con personal especializado en atención con perspectiva de género y protocolos específicos de actuación, especialmente en los casos de mujeres en situación de violencia, embarazo, maternidad o situaciones de riesgo o marginación social, evitando prácticas discriminatorias o revictimizantes.
• Iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI, que propone reformar el artículo 70 y adicionar un Capítulo IV Bis al Título Octavo, denominado “Del Parlamento Abierto y la Participación Digital”, con los artículos 228 Bis, 228 Ter, 228 Quater y 228 Quinquies, a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa.
Tiene por objeto establecer mecanismos institucionales, digitales y permanentes que garanticen la participación ciudadana en el proceso legislativo, particularmente durante la etapa de dictaminación de las iniciativas de ley.
Para ello, se propone que las Comisiones Permanentes del Congreso habiliten mecanismos digitales de participación ciudadana que permitan la recepción, registro, análisis y visibilidad de las opiniones recibidas en el marco del proceso deliberativo.
También se propone crear una plataforma digital institucional que permita a la ciudadanía conocer, opinar y dar seguimiento a las iniciativas legislativas en trámite, con el fin de fortalecer la transparencia, la deliberación pública y la participación ciudadana en los procesos parlamentarios.
Esta plataforma deberá garantizar accesibilidad, trazabilidad, resguardo de datos personales y visibilidad pública de las opiniones registradas, conforme a los principios de Parlamento Abierto.
Asimismo, se plantea que toda iniciativa de ley o decreto turnada a comisiones deberá ser publicada en esta plataforma en un plazo no mayor a tres días hábiles a partir de su turno.
La iniciativa deberá permanecer publicada durante al menos diez días naturales previos a la emisión del dictamen. En caso de que, por disposición legal, reglamentaria o por su carácter de preferente, una iniciativa deba dictaminarse en un plazo menor, esta deberá publicarse el mismo día en que sea turnada a comisión y permanecer accesible por lo menos durante las cuarenta y ocho horas previas a su dictaminación.
• Iniciativa de la diputada Rita Fierro Reyes, de Morena, que propone adicionar el artículo 277 Bis al Código Penal para el Estado de Sinaloa, en materia de protección a la dignidad de las personas fallecidas.
Tiene por objeto tipificar y sancionar a las personas servidoras públicas por la indebida difusión de materiales audiovisuales, imágenes o videos de cadáveres, o parte de ellos, que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que estos presenten.
El contenido del artículo que se propone adicionar establece lo siguiente:
“Se aplicará prisión de dos a seis años y de treinta a trescientos días multa a la persona servidora pública que, fuera de los supuestos autorizados por la ley, difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes o videos de cadáveres de personas, o parte de ellos, que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presenten, sea en el lugar de los hechos o del hallazgo, o en cualquier domicilio público o privado.”
• Iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN, que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, en materia de salud mental.
La propuesta contempla otorgar atención especializada, así como establecer medidas para que, en los servicios de salud, se prevengan, detecten y den seguimiento oportuno a los problemas de salud mental de niñas, niños y adolescentes, con el fin de mantener o restablecer su bienestar integral.
De igual manera, se propone que los programas de prevención de enfermedades y trastornos relacionados con la salud mental y las adicciones se implementen prioritariamente en zonas de alta vulnerabilidad mediante atención integral, especializada y con seguimiento individualizado del tratamiento.
Además, las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, deberán elaborar, implementar y supervisar protocolos de atención psicológica inmediata y de seguimiento para niñas, niños y adolescentes que sean testigos o se vean afectados por hechos violentos ocurridos en el entorno escolar, en el trayecto hacia la escuela o en la comunidad cercana, que pongan en riesgo su integridad emocional o física.
Los protocolos deberán contemplar:
1. La activación de medidas de protección y resguardo inmediato dentro del plantel educativo.
2. La intervención de personal especializado en salud mental infantil y juvenil para la contención emocional y evaluación de afectaciones.
3. La canalización a servicios psicológicos o psiquiátricos especializados en coordinación con el sistema estatal de salud, entre otras acciones.